La República Dominicana ha dado uno de los más duros golpes al narcotráfico en América con la incautación de 9.8 toneladas de cocaína que tenía como destino final Europa.
Las agencias antinarcóticos de Estados Unidos y Europa se han integrado en las investigaciones posteriores de esta operación nativa de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Un golpe de esa magnitud tiene un efecto significativo en las distintas estructuras de narcotráfico involucradas.
Un cargamento de 9.8 toneladas de cocaína implica la participación de varios grupos criminales asociados entre los que se encuentran los que produjeron la droga (Colombia), los responsables en el destino final (Bélgica), los artífices de la estructura de exportación, los custodias y encargados de trasbordo en el punto intermedio (República Dominicana) y los transportistas (México y Guatemala).
No nos sorprendería ver en los próximos días crímenes horripilantes por ajustes de cuentas, intentos de contaminar la investigación, desviar la atención o acciones para inducir la elaboración de un expediente judicial débil o incompleto.
Las agencias antinarcóticos dominicanas lideran la investigación de un caso que tiene incidencia en al menos cinco países, por lo que tendrá que afrontar grandes presiones.
Tres premisas tenemos en cuenta en torno a este caso: la droga fue decomisada en República Dominicana por autoridades dominicanas en una operación nativa; la droga se produjo fuera de territorio dominicano, por lo que fue traída al país procedente de otro lugar y por parte de estructuras dedicadas a esa parte del comercio ilícito de la droga y, finalmente, que los responsables mayores de ese cargamento se amparan en numerosos susterfugios para eludir su vinculación en justicia de esa droga.
El narcotráfico ha sido golpeado, pero ni por asomo se puede creer que haya sido una herido que lo inhabilite. Por el contrario, podrían reaccionar con más virulencia (no sólo con plomo) lo que requiere que todos los actores comprometidos con la lucha contra el narcotráfico se enfoquen en identificar a los máximos responsables, a sus socios de soporte y que todos sean procesados judicialmente con expedientes robustos.
