Bogotá.- El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, la Fiscalía y la Contraloría reforzarán las medidas para enfrentar la corrupción que azota al departamento de La Guajira (norte) y permitir la ejecución de los programas sociales que demanda esa región.

“Como el país sabe, La Guajira enfrenta una situación crítica”, dijo el jefe de Estado al término de la reunión de la Comisión de Moralización, realizada en la Casa de Nariño, en donde recordó que seis gobernadores y varios alcaldes están presos.

Santos mencionó algunos problemas que aquejan a La Guajira como la pobreza, que está por encima del promedio nacional, y la desnutrición y mortandad infantil, que están en niveles alarmantes, De igual forma, el mandatario señaló que en el departamento actúan mafias del contrabando, la droga y la gasolina, y que los servicios públicos están en serios problemas.

Las medidas para enfrentar la corrupción estarán a cargo del Gobierno, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, quienes trabajarán conjuntamente en “una serie (de) medidas para ir rompiendo ese paraguas de corrupción que infortunadamente se ha enquistado en La Guajira”, agregó el presidente.

Recordó que el Gobierno asumió el manejo de recursos de salud, educación y agua potable en La Guajira tasados en 785.000 millones de pesos (unos 270 millones de dólares) para darles un manejo transparente tras los casos de corrupción que costaron el cargo a sucesivos gobernantes regionales.

También dijo que ayer nombró como gobernador encargado de La Guajira a Weildler Guerra Curvelo, quien tiene instrucciones de enfocarse en el saneamiento de las finanzas públicas y apoyar la puesta en marcha del plan de agua, salud y educación.

Con miras a sanear el departamento, Santos aseguró que se expedirán los actos administrativos para instruir a la Gobernación y alcaldías para que los pagos públicos se hagan a través de bancos o corresponsales no bancarios porque “el efectivo es tal vez el principal aliado de la corrupción».

De otro lado, anunció que se utilizará el sistema de identificación biométrica para garantizar la prestación de servicios sociales como educación y alimentación escolar, para lo cual se trabajará conjuntamente con la Registraduría del Estado Civil.

Por su lado, la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría realizarán gestiones necesarias para trasladar las principales investigaciones por corrupción al nivel central, que ha dado buenos resultados en otros casos.