Gobierno reducirá los costos de trámites en instituciones

SANTO DOMINGO.-El Consejo Nacional de Competitividad aplicará un programa mediante el cual busca simplificar en un 71% los costos de los trámites en 53 instituciones del país.

Según el estudio RD+Simple, realizado junto a las empresas privadas, se analizaron 1,873 trámites y servicios, los cuales tienen un costo económico social (CES) de US$3,895, equivalentes al 5.46% del producto interno bruto.

El mismo no incluye las tasas por servicios ni las contribuciones obligatorias establecidas por leyes especiales.

De los costos, 93.8% representa la acumulación de requisitos, mientras el 6.2% corresponde a la resolución de la tramitación.

César Hernández, comisionado de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria Mexicana, quien habló sobre los resultados y la metodología de la investigación, enfatizó que la carga económica de los procesos recae mayormente sobre los empresarios o sobre aquellos ciudadanos que poseen empresas.

Hernández indicó que el 60% de la carga regulatoria recae sobre 10 trámites, entre los cuales están los registros sanitarios, la mecanización agrícola y la solicitud de exequatur profesional.

Mientras que en esos procedimientos se solicitan ocho requisitos y 10 funcionarios públicos, logrando que el 53% se resuelva en menos de 30 días.

Solución

Para agilizar los procesos y reducir el costo económico social el Gobierno realizará un plan integral de dos fases, la primera consiste en la priorización integral de seis instituciones públicas como son: el Ministerio de Salud Pública y AsistenciaSocial, Agricultura, Educación Superior Ciencia y Tecnología, Obras Públicas y Comunicaciones, la Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así lo expresó el director del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz.

Así también los trámites de mayor costo y la media de 70 trámites correspondientes a 37 instituciones públicas adicionales, dijo el funcionario.

Otro proceso

En una segunda fase se enviará a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo un borrón de decreto para articular las normativas correspondientes a esos procesos.

La institución iniciará a partir de la toma de decisión sobre el plan unas mesas de trabajo con las instituciones involucradas, a los fines de verificar las recomendaciones derivadas de esos resultados.

“Esto es, eliminar las que deban ser eliminadas y simplificar las que puedan ser simplificadas”, describió Paz.
El funcionario informó que se establecerá un plazo de dos meses de prioridad a partir de que el plan sea aprobado.

Cantidad

1,033 Empresarios.
O ciudadanos con empresas demandaron los servicios o los trámites ofrecidos en las instituciones del estudio.