Bahía de las Águilas está adornada por aguas cristalinas y de una belleza altamente reconocida en todo el mundo. Alberto Calvo
SANTO DOMINGO.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, recibió el título de propiedad que acredita al Estado Dominicano como dueño legítimo de casi 362 millones de metros cuadrados, que estaban en manos particulares por vías fraudulentas.
El certificado de estos terrenos en Pedernales fue entregado por el procurador general de la República, Jean Rodríguez.
Al recibir el título, Flavio Darío Espinal, afirmó que “para mí es un gran honor y motivo de gran satisfacción recibir en nombre del presidente de la República el certificado a nombre del Estado dominicano que pone fin al proceso judicial de recuperación de la parcela 215-A del Distrito Catastral número 3, ubicado en Enriquillo, Barahona”.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo agradeció al procurador general de la República y a todo el equipo legal que trabajó durante años en devolver estos terrenos al patrimonio público.
De su lado, Jean Rodríguez manifestó que “con esta entrega damos cierre final a lo que ha sido el caso inmobiliario más grande en la historia republicana de nuestro país. Hemos cumplido con nuestro rol”.
“Gracias al trabajo de muchos hombres y mujeres que han estado colaborando con la Procuraduría General de la República y otras instituciones, ya hemos obtenido este certificado de título y, a partir de esta fecha, el Estado puede disponer del mismo de la forma que entienda pertinente”.
El fraude surgió en los años 1992 y 1995, cuando varios funcionarios del gobierno de entonces y del registro de títulos de Barahona, en contubernio con algunos allegados, generaron títulos irregulares a favor de particulares.
Estos certificados incluían terrenos del Parque Natural Jaragua, violando así tanto las leyes inmobiliarias como las leyes medioambientales.
En 1997, la doctora Piky Lora, como abogada del Estado, inició un proceso para recuperar estos bienes que son propiedad de todos los dominicanos.
Ese proceso legal, que habría de durar 21 años, lo continuaría su hija, la también abogada Laura Acosta, que siguió defendiendo desde el 2013, los intereses del Estado en los tribunales de manera incansable.
