SANTO DOMINGO.– Dos dominicanos fueron extraditados anoche a Estados Unidos para que sean jugados por presuntos cargos de narcotráfico en un tribunal de Nueva York, donde cometieron los hechos se les imputan y luego escaparon, informó esta mañana la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Los extraditados son Ramón Gutiérrez, conocido como Ramón Alberto Gutiérrez Pérez; y Alejandro Martínez García, alias Alex Martínez; ambos sacados del país por el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) en el vuelo 1582 de American Airlines, dijo el portavoz antidrogas, el periodista Roberto lebrón.
Gutiérrez, que enfrenta cargos por presunta posesión de sustancias prohibidas y tenencia de armas de fuego en segundo y tercer grados, fue apresado por la DNCD en octubre del año pasado, mientras Martínez cayó en manos de las autoridades en diciembre de 2008. se le acusa en Nueva York de traficar con 5 kilos de cocaína.
Se actuó en su contra a petición de la Procuraduría General de la República, después de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dictara órdenes de apresamiento en su perjuicio en resoluciones separadas. Fueron mantenidos en la cárcel preventiva de la DNCD hasta que el Poder Ejecutivo emitió los decretos autorizando la entrega de ambos ciudadanos.
El apresamiento lo realizaron oficiales del Departamento de Investigaciones Especiales de la DNCD, instancia que recibió la orden de arresto tramitada por la Procuraduría por intermedio del presidente de la agencia antinarcóticos, mayor general Gilberto Delgado Valdez. Serán juzgados por una Corte de Distrito Meridional de Nueva York.
Los dos hombres fueron enviados al AILA bajo estrictas medidas de seguridad, terminal donde fueron recibidos por dos oficiales federales de la U S Marshal, quienes los trasladaron de inmediato a los EEUU, de acuerdo al informe dado a conocer por la DNCD en un comunicado de prensa.
Los expedientes de ambos fueron tramitados ante las autoridades por la Fiscalía General de los EEUU, vía la embajada Norteamericana en santo Domingo, legación la remitió a la Cancillería y de allí pasaron al despacho del procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, terminando en la SCJ, tribunal que dio el visto bueno.
