Al margen de lo grises legales del proceso, el Partido de la Liberación Dominicana había solicitado directamente al presidente Luis Abinader que le fueran prestados los planteles escolares para realizar su proceso de votación que ellos han llamado “consulta”.

El Gobierno concedió la autorización aunque la Junta Central Electoral manifestó oficialmente que no requeriría de esos planteles por entender que la ley electoral vigente no le da carácter de oficial.