Gobierno estima déficit habitacional en dos millones de viviendas

Gobierno estima déficit habitacional en dos millones de viviendas

Gobierno estima déficit habitacional en dos millones de viviendas

Foto de archivo.

SANTO DOMINGO. – El ministro de Viviendas y Edificaciones, Carlos Mejía, aseguró  que el gobierno enfrenta el déficit habitacional, el cual estima en dos millones de viviendas.

El funcionario dijo que aunque se trata de un problema que existe desde hace décadas, el gobierno, a través del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVEHD), tiene claro que debe encarar el problema y está trazando líneas puntuales para ello.

Al comparecer al programa “Aeromundo”, que produce el periodista Guillermo Gomez, el funcionario significo que la meta del gobierno es construir al menos unas 7,500 nuevas viviendas por año.
Dijo que una muestra de ese esfuerzo lo constituye el monto presupuestario que le fue asignado a la dependencia que dirige el cual ascendió a RD$15,000 millones, “una suma que nunca antes había tenido”.

Recordó que la Constitución de la República establece el derecho que tienen las personas a acceder a una vivienda y que es un sector (ese de la vivienda) que estuvo muy olvidado por las diferentes administraciones que han pasado.

“Es preciso dar la importancia que se merece el tema, porque es un sueño anhelado por muchos dominicanos, el de acceder a un techo propio”, indicó el funcionario.

Dejó claro que una de las encomiendas que se le hizo, cuando se le designó como ministro de Vivienda- fue la de reducir los déficits habitacionales, tanto desde el punto de vista cuantitativo (cantidad), como desde el punto de vista cualitativo (esto último se refiere a viviendas que, por ejemplo, no tienen agua, que están construidas con techos vulnerables, pisos de tierra y en zonas de alta vulnerabilidad).

“Para atacar esos déficits tenemos dos programas. Uno de ellos se denomina Mi Vivienda, que implica la construcción de 7,500 viviendas de bajo costo para los dominicanos en un año, y además de eso el acceso a la vivienda para personas que nunca han tenido la posibilidad y que pagando aproximadamente diez mil pesos mensuales van a poder tener una. Además de eso, está el Plan Dominicana se Reconstruye, que implica la reconstrucción de más de 30,000 unidades, de las cuales ya llevamos 10,000.

Este plan, agrego, se mantendrá a lo largo del actual período gubernamental.

La meta de reparación anual apunta a conseguir por lo menos las 15,000 viviendas, calculó Carlos Bonilla.

Eso abarca desde reparación de pisos hasta la estructura de la vivienda. La mayor demanda de soluciones habitacionales se concentra en el rango de los 500 mil pesos hacia abajo, según el ministro, dejando claro que esos datos son estimaciones, tomando en cuenta que se requiere realizar un censo que profundice más en ese tema.

Informó que actualmente cursa en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca elevar el umbral de las viviendas de bajo costo hasta 4.5 millones (todas las que cuesten de ahí para abajo aplica el adquiriente para recibir un bono habitacional o bono-ITBIS).

“Sería un beneficio muy importante para la clase media, que no alcanza el umbral establecido actualmente. Pero no queremos competir directamente con los desarrolladores privados. Damos los incentivos para que sea ya el mercado, es decir, los constructores, que armen esos proyectos y puedan crear fuentes de empleos y realizar esos proyectos.

Hasta ahora, el INVI califica como “de bajo costo” aquellas viviendas cuyo precio de venta es igual o inferior a RD$3,829,454.43, para los contratos firmados a partir del 1 de enero de 2021.

Agregó que el gobierno mantendrá el subsidio que otorga el Estado para un adquiriente de vivienda, cuyo oscila entre un millón y un millón 200 mil pesos, dependiendo de la unidad.

Bonilla añadió que hay unidades de 52 metros y de 72. “Con eso es que hacemos posible que a la persona le salga un pago tan bajito cada mes, equivalente a 10 mil pesos”, expuso.

El funcionario recordó que el Estado califica a las personas que le otorga el subsidio, porque es para personas que realmente lo necesitan.

“La pareja de esposos tiene que ganar menos de cinco salarios mínimos mensualmente para poder acceder al beneficio, explicó el ministro.

El MIVEHD, de otro lado, se ha comprometido a que los permisos de construcción se estarán entregando en un período de 2 a 3 meses, en vez de hasta un año.

Como parte de los logros de la gestión durante el año pasado citó la construcción de edificaciones en 12 centros de salud y labores de remodelación en edificaciones de otros dos centros.

En total, se lograron construir y remodelar 154,236 metros cuadrados y se sumaron 459 camas para pacientes en los centros de salud intervenidos, indican los números.

También la reactivación de obras en 13 centros de salud que se encontraban paralizadas en 10 provincias, lo que significó la incorporación de 847 camas adicionales, la consolidación de un equipo de jóvenes ingenieros altamente capacitados y comprometidos con la construcción de un mejor futuro para la República Dominicana y la implementación de buenas prácticas y herramientas profesionales adquiridas en el sector privado de la construcción, trasladadas ahora al sector público.

Las actuales autoridades asumieron la terminación de obras pendientes de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), como son hospitales y otros centros de salud, logrando, no solo cumplir con tiempos idóneos, sino con el uso responsable de los recursos del Estado, apegados a las leyes y procedimientos administrativos.

“Hemos trabajado en devolver la confianza a la gente en las instituciones y en sus servidores públicos, al atender sus necesidades y cumplir con sus expectativas”, dijo.

Indica que a nivel de nómina se trabaja en la eficientización del gasto público por vía de la reducción dentro de la institución y lo que había de la desaparecida OISOE, con ahorro por alrededor de RD$330 millones anuales.

Asegura que encontró cubicaciones con partidas certificadas que no fueron ejecutadas en las obras, así como irregularidades en contratos y en la forma que fueron adjudicados los mismos. En esas fiscalizaciones se ha conseguido un ahorro al Estado de unos RD$2,000 millones.



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