El Gobierno español ve “desgarradora” la imagen de un ex alto cargo socialista en prisión

Madrid.- El Gobierno español admitió este martes que la entrada en prisión preventiva del ex número tres socialista Santos Cerdán por sospechas de corrupción es “tan desgarradora como decepcionante”, aunque se reafirmó en luchar contra ella con “contundencia».

En una rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo, la socialista Pilar Alegría, reconoció que esa imagen se debe los “serios indicios” y los “hechos absolutamente bochornosos y terribles” que implican presuntamente a Cerdán en una trama de cobro y reparto de comisiones de constructoras por adjudicaciones irregulares de obras públicas.

Subrayó, no obstante, que esto confirma la determinación del Gobierno de seguir trabajando para combatir la corrupción, seguir colaborando con la justicia con la máxima transparencia y dando todas las explicaciones que sean oportunas.

Además, la portavoz remarcó que el Partido Socialista (PSOE) apoya cualquier medida que favorezca la transparencia. Recordó que el partido se somete a auditorías contables, además del control del Tribunal de Cuentas, y sus finanzas están “absolutamente chequeadas” y “no tienen ni una sola tacha».

“No hay ningún indicio” de que el PSOE esté implicado como “persona jurídica” en un supuesto de financiación irregular, incidió la portavoz gubernamental.

El juez del Tribunal Supremo que ordenó el lunes la prisión provisional sin fianza de Cerdán apuntaba que podrían haberse visto beneficiadas más personas físicas o jurídicas en la trama, en la que también están investigados el exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asistente personal Koldo García.

Santos Cerdán dimitió hace unos días de diputado nacional y secretario de Organización socialista, uno de los cargos más relevantes del partido, tras conocerse un informe policial que lo implicaría en la supuesta trama corrupta.

Cerdán fue hombre de la máxima confianza del líder socialista español y jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y clave en los acuerdos de gobierno alcanzados con los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes después de las elecciones generales de julio de 2023.