Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente.
Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader emitió el Decreto No. 320-21 que contiene el Reglamento de Aplicación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos que fue elaborado y remitido al Poder Ejecutivo por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el plazo otorgado por el Congreso Nacional para esos fines.
Este Reglamento de Aplicación, tiene por objeto regular la implementación de la Ley No. 225-20, estableciendo el régimen jurídico para la gestión integral de los residuos, a fin de prevenir la generación y fomentar su reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y valorización.
De acuerdo con el artículo 175 de la Ley No. 225-20, el Ministerio tenía un plazo de 6 meses para elaborar su Reglamento de Aplicación a partir de la promulgación de la Ley que se hizo el 2 octubre de 2020.
En ese orden, luego de amplias sesiones de trabajo que en las que se consultó al sector público y privado, a la municipalidad, así como a la población en general, el Ministerio elaboró un documento incluyente, con una visión globalizada que permite aprovechar y disponer de forma adecuada y segura de los residuos sólidos en el país, redundando en una mayor protección del medio ambiente.
Dentro de su contenido se fortalecen las disposiciones sobre la clasificación de los residuos, las atribuciones y responsabilidades de los principales actores de la Ley No. 225-20, sobre los instrumentos de políticas, económicos y de gestión de residuos, así como de los registros y autorizaciones conforme las disposiciones de la Ley No. 225-20 y la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00.
La implementación de la Ley No. 225-20, bajo la rectoría del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, inicia con este Reglamento de Aplicación y continuará con el desarrollo de los Reglamentos Técnicos, que serán fundamentales para la aplicación de este importante instrumento legal que encaminará al país hacia una cultura de sostenibilidad ambiental.
En la ruta hacia la elaboración del Reglamento también el Ministerio contó con el apoyo de organismos de cooperación internacional y se estableció un proceso de Consulta Pública que se hizo en cumplimiento de la Ley sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, No. 107-13.
Esta fase fue complementada con talleres presenciales y virtuales, donde participaron representantes de las municipalidades, las academias, la cooperación internacional, el empresariado, organizaciones profesionales, del sector gubernamental y de la sociedad civil, lo que permitió discutir a profundidad el proyecto de Reglamento y reforzar su contenido antes de la promulgación presidencial.
