Miércoles, 13 de noviembre, 2019 | 10:29 am

Gobierno dominicano responde a la CorteIDH; dice solo acató decisión del Tribunal Constitucional

Flavio Darío Espinal,  consultor jurídico del Gobierno.
Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Gobierno.


SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano afirmó este viernes que el ordenamiento jurídico de República Dominicana no genera apatridia y que la definición de la normativa sobre nacionalidad es un atributo soberano e irrenunciable del Estado dominicano, el cual aplica de manera objetiva e imparcial sus disposiciones constitucionales y legales sobre esta materia.

De esta manera respondió el Gobierno a la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la que se atribuye la competencia para conocer casos de República Dominicana relativos al derecho a la nacionalidad, en contra de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) dominicano en noviembre de 2014.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, quien habló en rueda de prensa en Palacio Nacional, dijo que el Estado dominicano se ha dotado de una base normativa, tanto a nivel constitucional como legal, que da respuesta a las diferentes situaciones que en materia de nacionalidad puedan presentarse en el país.

Espinal explicó que la no presentación del Estado dominicano a la audiencia del 8 de febrero de 2019, en la que se conocería un asunto que concierne a la RD, se debió a un acatamiento del Gobierno dominicano a la sentencia del Tribunal Constitucional TC-256-14, “ya que, según dispone el artículo 184 de la Constitución dominicana, las decisiones del Tribunal Constitucional “son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.

El consultor jurídico sostuvo que esa ausencia en dicha audiencia no representa una “afrenta” a la Corte Interamericana, como esta señala, sino un acatamiento a una decisión del Tribunal Constitucional dominicano.

“El Gobierno dominicano ha seguido participando en las audiencias y reuniones que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos celebra en relación a la República Dominicana, pues la decisión del TC no alcanza dicha Comisión. La Colaboración entre el Gobierno dominicano y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha sido sumamente dinámica y fructífera en tiempos recientes, lo cual ha sido reconocido por la propia Comisión. Esperamos que continúe de esta manera”, agregó Espinal.

Lo que dice la CorteIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) reiteró ayer mediante resolución su competencia para conocer casos de República Dominicana relativos al derecho a la nacionalidad, en contra de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) dominicano en noviembre de 2014.

En dicho dictamen, el TC declaró inconstitucional el Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte IDH, órgano que ahora falla que, bajo el derecho internacional, la decisión desarrollada por el Tribunal dominicano “no es válida”.

En una resolución publicada el pasado 23 de abril, el Tribunal Interamericano indicó que el país no ha cumplido con la ejecución de ninguna de las reparaciones ordenadas a personas dominicanas y haitianas expulsadas, informó este jueves la organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) en un comunicado.

 El Estado dominicano no envió representación el pasado febrero a una audiencia ante la CorteIDH sobre la supervisión del cumplimiento de dos sentencias sobre los casos de dos niñas conocidos como “Yean y Bósico”, relativos a apatridia y discriminación a personas haitianas y dominicanas de origen haitiano.

Según afirmaron representantes del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA) “el silencio del Estado dominicano y la falta de la repuesta mantienen a las familias en una situación de angustia e intranquilidad, puesto a que su futuro es incierto”.

En su resolución, el Tribunal Interamericano indicó que el Estado dominicano lleva cuatro años sin informar a la Corte sobre el proceso de cumplimiento con las sentencias emitidas en su contra, resultando en un desacato de sus obligaciones derivadas de la Convención Americana