El Día 
SAN JOSÉ, Costa Rica.-La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le recordó este viernes a la República Dominicana que las decisiones que allí se tomen no se pueden ser interpretar al «antojo» de cada Estado, ya que al hacerlo pondría en entredicho la justicia internacional.
«Si cada Estado tuviera la última palabra acerca de cómo interpreta el sentido y alcance de sus obligaciones internacionales, el Derecho Internacional no tendría ningún sentido», indicó el comisionado Felipe González, relator sobre los Derechos de los Migrantes.
La semana pasada la CIDH declaró culpable a República Dominicana por privaciones ilegales y arbirarias de libertad y por expulsiones sumarias de 26 haitianos y dominicanos de origen haitiano entre 1999 y 2000 y le ordenó modificar cualquier ley, incluso la Constitución, de modo que no se le quite el derecho a la nacionalidad a ningún hijo de inmigrante indocumentado nacido en el país antes de 2010.
La Corte también se pronunció en contra de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que -en su opinión- privaba de ciudadanía a unas 200.000 personas y señaló que la medida viola el «derecho a la nacionalidad» de los afectados, en su mayoría hijos de inmigrantes haitianos que vinieron al país a trabajar como braceros en campos de caña de ingenios estatales, muchos, y otros a trabajar como jornaleros en plantaciones privadas.
El Gobierno dominicano rechazó categóricamente la sentencia de la CIDH tras considerala como «extemporánea, sesgada e inoportuna», y declaró que la misma era inaceptable. porque cuestionaba los poderes legítimamente constituidos.
Sin embargo, la CIDH consideró hoy que de ninguna manera es una invasión de los órganos internacionales en asuntos internos de un Estado, sino que «son obligaciones que los Estados, en este caso República Dominicana, asumen voluntariamente y la interpretación última la tiene el organismo internacional».
«No caben aquí nuevas interpretaciones por parte del Estado», dijo González.
«Ahora la Corte dice claramente que las obligaciones del Estado son A, B y C y el Estado no puede argumentar que sus obligaciones son D, E y F, tiene que atenerse a la interpretación de la Corte Interamericana, si al final cada Estado puede interpretar el tratado como se le antoja, no tendría ningún sentido que hubiera tribunales encargados de su interpretación».
De su lado, Rosa María Ortiz, relatora para Rep. Dominicana le recordó a la representación criolla que el propio ordenamiento jurídico dominicano se rige por tratados internacionales.
Mientras, la presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, lamentó la baja representación en la audiencia del Estado dominicano, que sólo envió a una representante alterna ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Ellen Martínez, que no respondió a los comentarios y preguntas sino que dijo los remitiría a s u gobierno.
Aunque el gobierno rechazó de manera oficial la sentencia de la Corte, poco después el canciller Andrés Navarro descartó de plano que el país pretenda abandonar ese organismo regional, como demandan algunos sectores ultranacionalistas.
