La ley ahora promulgada había sido observada por el presidente anteriormente.
SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano afirmó esta noche “Informe por países 2023 sobre prácticas de derechos humanos” emitido por el Departamento de Estado Estados Unidos, que señala que en el país hubo expulsión masiva de haitianos y apátridas de ascendencia haitiana, no refleja la realidad actual de los derechos humanos en República Dominicana, ni la estrecha y respetuosa amistad entre nuestros gobiernos.
«Aprovechamos la oportunidad para manifestar nuestro asombro ante el tono agresivo e infundado del informe», señala en un breve comunicado, Homero Figueroa, vocero del Gobierno de República Dominicana y Director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, quien dijo que el Gobierno dominicano reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos y estamos dispuestos a dialogar constructivamente con nuestros amigos sobre cualquier preocupación legítima en esta área.
Adelantó que están estudiando el informe y responderán en el momento oportuno a través de los canales oficiales apropiados.
Estados Unidos volvió a incluir en su “Informe por países 2023 sobre prácticas de derechos humanos” que en República Dominicana hubo expulsión masiva de haitianos y apátridas de ascendencia haitiana, independientemente de sus reclamos de estatus legal y los abusos de derechos humanos asociados.
Citó que el cierre de la frontera con Haití por parte del Gobierno en septiembre y la posterior suspensión de la emisión o renovación de permisos de residencia, visas y certificados de solicitantes de asilo para migrantes haitianos y personas de ascendencia haitiana, incluidos apátridas, colocaron a poblaciones que ya eran vulnerables en mayor riesgo.
Maltrato
“Entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes creíbles de: homicidios ilegítimos o arbitrarios; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del Gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad; devolución de refugiados a un país donde enfrentarían tortura o persecución, incluidos daños graves como una amenaza a la vida o la libertad u otros malos tratos que constituirían un abuso separado de los derechos humanos”, señala el informe.
Apunta que el Gobierno dominicano no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos.
Homicidios de Policía
Menciona que hubo varios informes de que la Policía Nacional y otras fuerzas de seguridad del Gobierno cometieron homicidios arbitrarios o ilegítimos durante el año.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que 75 personas fueron asesinadas entre enero y septiembre.
“Si bien la Fiscalía General procesó algunos casos de abuso por parte de la Policía, representantes de la sociedad civil afirmaron que muchos asesinatos y abusos no fueron denunciados debido a la falta de fe del público en el Gobierno para investigar y presentar cargos o por temor a represalias por parte de la Policía.
