Gobierno dispone por decreto que MIPYMES sean destinatarias exclusivas contrataciones públicas para programas sociales
- El decreto 672-26 establece que las contrataciones para alimentación, vestimenta, insumos escolares, salubridad y otros programas de protección social deberán priorizar bienes y servicios de origen y manufactura dominicana
Santo Domingo. El Gobierno dispuso que las micro, pequeñas y medianas industrias (MIPYMES industriales) sean las destinatarias exclusivas de los procedimientos de contratación pública vinculados a programas sociales, alimentación, alivio a la pobreza, vestimenta, insumos escolares y salubridad social.
La medida está contenida en el decreto 672-26, emitido este lunes por el Poder Ejecutivo, y busca utilizar las compras públicas como mecanismo para fortalecer la producción nacional, dinamizar la actividad de las pequeñas y medianas industrias y contribuir a la generación de empleos.
La disposición, firmada por el presidente Luis Abinader, se enmarca en las disposiciones de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación, establecido mediante el Decreto 52-26.
Con la nueva normativa, las adquisiciones vinculadas a programas especiales de asistencia deberán dirigirse a bienes y servicios de origen y manufactura dominicana, evitando la intermediación no autorizada y procurando que los recursos destinados a programas sociales tengan un mayor impacto sobre el aparato productivo nacional.
¿Qué compras públicas quedan bajo la medida?
El decreto abarca las contrataciones destinadas a programas de alimentación, vestimenta, insumos escolares, salubridad social, alivio a la pobreza y protección de sectores vulnerables.
Entre las instituciones alcanzadas por la disposición figuran el Ministerio de Educación (MINERD), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Gabinete de Política Social, Supérate, PROMESE/CAL, así como los ministerios de Defensa y de Vivienda y Edificaciones (MIVHED), además de otras entidades públicas vinculadas a programas de protección social.
De esta manera, el Gobierno busca que una parte de la demanda generada por las instituciones estatales se convierta en oportunidades para las MIPYMES industriales dominicanas.
Requisitos para las MIPYMES industriales
Para participar en estos procesos de compras públicas, las empresas deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos por la normativa.
Entre ellos figuran contar con el Registro Industrial emitido por PROINDUSTRIA, disponer de la Certificación MIPYMES o MIPYMES Mujer otorgada por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM) y estar inscritas en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
El decreto también establece mecanismos para garantizar que las empresas participantes correspondan efectivamente al sector industrial nacional y que los bienes ofertados cumplan con las condiciones establecidas.
Crean mesa para coordinar la oferta industrial
Como parte de la implementación de la medida, se crea una Mesa de Articulación Interinstitucional entre el MICM y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Este organismo tendrá entre sus funciones dar seguimiento a la aplicación de la disposición, coordinar la oferta productiva nacional y contribuir al cumplimiento de las reglas establecidas para las contrataciones.
La articulación busca conectar la capacidad de producción de las MIPYMES industriales con la demanda de bienes y servicios generada por los programas sociales del Estado.
Cuatro meses para identificar la oferta nacional
El decreto establece un plazo de hasta cuatro meses para que el MICM realice un levantamiento de los bienes y servicios que actualmente ofrece el sector industrial dominicano.
A partir de este proceso se busca identificar la capacidad productiva disponible y facilitar su vinculación con las necesidades de las instituciones públicas.
Asimismo, se instruye a PROINDUSTRIA a modernizar y digitalizar el Registro Industrial, con el propósito de mejorar la trazabilidad de la oferta productiva nacional y permitir su interoperabilidad con el sistema de compras públicas.
La disposición establece así un mecanismo mediante el cual el gasto público destinado a programas sociales pueda vincularse de manera directa con el fortalecimiento de la industria nacional y las MIPYMES, bajo los procedimientos establecidos por la nueva legislación de contrataciones públicas.
Denuncian presuntas irregularidades
El decreto surge luego de que empresarios denunciaran presuntas irregularidades en procesos de licitación y adjudicación de cocinas destinadas a suplir el desayuno y el almuerzo escolar a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).
Posteriormente, El director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, dispuso reforzar la realización de reinspecciones y procesos de revisión internos, al tiempo que apoderó a los organismos de control competentes para investigar denuncias de supuesta irregularidad dentro de la institución.
Pérez aseguró que su administración tiene especial interés en que cualquier señalamiento sea esclarecido con rigor y que, de comprobarse actuaciones contrarias a las normas, se procederá conforme establece la ley. “Somos los más interesados en que cualquier denuncia sea investigada con rigor. Si se comprueba alguna irregularidad, seremos los primeros en actuar conforme a la ley”, afirmó.
Sobre el autor
Joan Kennedy Vargas, periodista dominicano. Cubre la fuente de la Presidencia de la República, Policía, Fuerzas Armadas y DNCD.
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