Fernando Rosa era un diputado afable, callado y respetuoso, oriundo de Santiago, cuando le conocí en abril de 1992, año en el que se me asignó la cobertura periodística de la fuente de la Cámara de Diputados, en representación del desaparecido periódico El Siglo.
En ocasiones, al igual que hacían otros congresistas, se me acercaba para que le colaborara en la publicación de alguna nota de interés de su demarcación.
Una vez él concluyó su labor legislativa durante el período 1990-1994, dejamos de vernos con frecuencia, pero en las ocasiones en que nos encontrábamos, el saludo se caracterizaba por el respeto y la consideración mutua.
En el caso de Freddy Hidalgo, el intercambio de palabras se produjo años después, en el año 2008; él, director de la Región III de Salud, conformada por las provincias La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez; y yo, director de Comunicación Estratégica del Ministerio de Salud Pública.
En el rol de funcionario público, el médico del municipio de Fantino gestionaba adecuadamente las labores bajo su cargo, lo cual le mereció varios premios en reconocimiento. En 2012 fue designado ministro de Salud Pública y yo migré al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para seguir acompañando a Bautista Rojas Gómez.
Mientras que a Magalys Medina, hermana del expresidente Danilo Medina, no he tenido el placer de conocerla, ni en público ni en privado.
El preámbulo obedece a que los tres fueron, irresponsablemente imputados en el expediente de corrupción contra el Estado denominado “Antipulpo” y descargados la semana pasada por el Segundo Tribunal Colegiados del Distrito Nacional. Tras casi cinco años de vicisitudes y del escarnio público, nadie devolverá a éstos la dignidad y honor de que son acreedores.
No tengo la mejor duda de que fueron víctimas de la judicialización de la política por parte del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), iniciando en República Dominicana el mecanismo del lawfare, para el golpeo sistemático de sus contrarios. Ni el Gobierno ni el Ministerio Público siquiera lo simularon, sino que ejecutaron esta práctica inmoral.
El término lawfare consiste en el uso de la ley y de los procedimientos jurídicos para atacar, en el caso de la política, a los adversarios a través de agentes públicos, especialmente a aquellos previamente estigmatizados de enemigos irreconciliables, debido a que representan amenazas en función de las potencialidades de acceso al más alto nivel de poder.
En la judicialización de la política confluyen varios actores: quien tiene el control coyuntural del poder político, el adversario blanco del ataque, la parte del Poder Judicial que se presta para motorizar la acción y los medios de comunicación que la promocionan sin llevar a cabo la comprobación de los hechos que demanda el ejercicio del periodismo.
Lo antidemocrático e ilegal radica en que los imputados ven vulnerados derechos y garantías, sin que pase nada que conmueva los cimientos de la sociedad.
Retomando el caso de Fernando, Magalys y de Freddy, habría que preguntarse quién resarce los daños materiales y morales causados por la acusación del Ministerio Público, obedeciendo órdenes de las más altas esferas del poder político. Excesos de poder de esa naturaleza no deben repetirse en una sociedad que se considere medianamente democrática.
Naturalmente, esa acusación y otras que pesan contra antiguos funcionarios gubernamentales que se encuentran en la actualidad en la oposición, abren las puertas de las cárceles a los políticos. Antes, sin embargo, el Gobierno, no el Ministerio Público, está en la obligación moral de pedir perdón a los referidos ciudadanos.
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