Santo Domingo.–El Gobierno ha explicado en diferentes escenarios, nacionales e internacionales, y con actores de primer orden, todo lo relativo a la decisión soberana de la República Dominicana de solucionar el tema de los extranjeros en situación migratoria irregular, recurriendo a la puesta en marcha de dos estrategias comunicacionales de probada unidad universal: la diseminación de mensajes claves y la de consenso.
Mediante la de diseminación de mensajes ha procurado exponer con claridad el fenómeno migratorio que se da con los extranjeros, especialmente los de nacionalidad haitiana, involucrándose en las explicaciones hasta el presidente de la República, Danilo Medina.
El canciller Andrés Navarro, los embajadores diseminados por los cinco continentes, ministros y algunos cónsules han expuesto la situación de manera verbal, documental y en redes sociales.
Mientras que la estrategia de consenso ha posibilitado conseguir aliados estratégicos nacionales e internacionales, que en algunos casos, una vez han comprendido la realidad, han cambiando sus respectivas percepciones negativas a un discurso favorable hacia la posición oficial de la República Dominicana.
A pesar de esos esfuerzos, el tema migratorio se ha mantenido en la opinión pública con una corriente que victimiza a Haití, y que ha generado críticas de órganos internacionales y organizaciones de derechos humanos contra el manejo que han le dado los dominicanos.
También ha encontrado eco en un reducido sector de la “socialité” local, que incluye a dos o tres de los llamados “hacedores de opinión” pública.
Es evidente que las estrategias de comunicación de diseminación de mensajes y de consenso para explicar la situación creada a raíz del Plan de Regularización de Extranjeros han cumplido misión, pero que el Gobierno debe ya abandonarlas y pasar al cumplimiento de la Ley, con lo que sacaría el tema del congelador .
Fundamento jurídico
Una vez finalizados todos los plazos para que los extranjeros en situación migratoria irregular pudieran dejar el territorio nacional de manera voluntaria, el país cuenta con fundamento jurídico a fin de iniciar las repatriaciones, observando los protocolos internacionales en materia de respeto a los derechos humanos.
La Constitución dominicana establece en su artículo 3: “La soberanía de la nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable.
Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana”.
En el contexto anterior, el artículo 19 de la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos (OEA) señala: “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro.
El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado dominicano, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”.
Estadísticas que hablan sobre el Plan de Regularización
La República Dominicana y Haití comparten la isla La Española, pero entre ambas naciones existen asimetrías que van desde lo institucional hasta lo económico y social, lo que permite explicar algunas de las reacciones ante la decisión de los dominicanos de regularizar a los extranjeros que habitan esa porción de tierra caribeña.
Por ejemplo, la esperanza de vida en Haití es de poco más de 63 años; en República Dominicana es casi de 78 años; y en cuanto a la densidad de población, en el primero hay 374 habitantes por kilómetro cuadrado, y la tasa de los dominicanos es de 215.
Al Plan Nacional de Regulación de Extranjeros se acogieron 288,466 indocumentados, la mayoría haitianos, y 8,755 lo hicieron a la Ley especial de Naturalización.
No obstante, uno de los principales argumentos de las ONG y algunos organismos internacionales es que, tras haber finalizado el plazo, no solo se lleven a cabo deportaciones masivas en República Dominicana, sino que en las mismas se arrastre a personas nacidas en el país hijos de haitianos indocumentados; situación que ha sido reiteradamente negada por las autoridades.
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