SANTO DOMINGO.-La administración que encabeza el presidente Luis Abinader ha tomado una serie de medidas tendentes a reducir la inmigración desde Haití, en momentos que ese país enfrenta serios problemas de inseguridad e inestabilidad política y económica, recibiendo a su vez presiones de organismos locales e internacionales en contra de las mismas con la intención de que el país cargue con la crisis haitiana.

La medida más reciente fue emitida el pasado sábado a través del decreto 668-22, donde el Poder Ejecutivo dispuso la prevención y persecución de invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y el Estado, y en el caso de los extranjeros que sean procesados y expulsados definitivamente del país.

Indica, además, que los extranjeros repatriados por este delito no podrán regresar al país, para cuya acción deberán intervenir también el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración.

El ministro de Industria y Comercio, Víctor-Ito- Bisonó, aseguró que los extranjeros que estén en el país deben cumplir con la Constitución dominicana o si no deberán de irse a su país de origen o a otros que al parecer “los están reclamando”.

“El que viene a República Dominicana tiene que respetar la Constitución, la ley y los estatutos que hayan conglomerado nuestra religión, cultura y dinámica, si no que no venga, que se quede en su país o si no ayudémoslo a que se vayan para otro país, porque parece que hay otro país que está reclamando que se los manden a ellos”, expresó Bisonó.

Agregó que donde hay una violación al derecho a la propiedad y que provenga de una persona que está irregular, lo menos que puede hacer un Estado responsable es tomar medidas y proteger al ciudadano que tiene su derecho de propiedad y el que esté violando la ley tendrá las consecuencias debidas.

Muro
Una de las primeras medidas adoptadas por la actual gestión es la construcción de la verja perimetral inteligente que nos separará de Haití, la cual anunció el mandatario durante su primera rendición de cuentas en febrero de 2021, y cuya construcción inició en febrero de 2022.

La primera etapa del proyecto que se realiza en Dajabón y que contará con 54 kilómetros lineales, cuenta en la actualidad con más de 11 kilómetros ya levantados, lo cual ha sido duramente criticado por organismos y sectores de la oposición.

En noviembre de 2021, el Consejo Nacional de Migración (CNM) anunció una serie de medidas con relación a la entrada de extranjeros ilegales que representan una carga económica para el país, evitando el ingreso de extranjeras de forma irregular con seis o más meses de embarazo, medida que por las presiones internacionales se dejó diluir con el tiempo, mientras los hospitales dominicanos continúan llenos de parturientas haitianas.

Tras la medida para disminuir las parturientas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU lamentó el «maltrato» que, según estos, sufren en muchos ámbitos las migrantes haitianas en la República Dominicana, por lo que pidió a este país que tome medidas para mejorar la situación de este colectivo.

La República Dominicana registró unas 35 mil parturientas haitianas durante el 2021, lo que representó para el Estado dominicano un gasto de entre 400 a 600 dólares por embarazada, según datos del Servicio Nacional de Salud.

El informe agrega que alrededor de 110 mil partos de madres extranjeras se realizaron durante el 2021, correspondiendo el 30 % de estos a parturientas haitianas.

No refugiados
Con el aumento de la violencia de las bandas criminales en territorio haitiano, el Gobierno dispuso el aumento de las operaciones militares en la frontera y anunció la adquisición de equipamiento militar que incluye helicópteros, aeronaves y vehículos blindados, además, además de la creación de un Comando Sur de la Fuerza Aérea, en Barahona.

Durante dicho anuncio, el presidente Abinader advirtió que la República Dominicana no aceptará refugiados de Haití si la crisis del vecino país llegase a requerirlo.

“De ninguna manera aceptaría acercamiento (de refugiados) en la República Dominicana”, dijo el mandatario al tiempo que agregó que la República Dominicana sólo jugaría un papel diplomático en la crisis y no participaría de una eventual intervención militar, ya que el país ha hecho suficiente para ayudar a Haití.

La pasada semana, el presidente Abinader calificó de inaceptables e irresponsables las declaraciones del comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, al asegurar que “la política migratoria de cada país es potestad de cada gobierno”.

Abinader agregó que la República Dominicana no solo continuará las deportaciones, sino que serán incrementadas a partir de la próxima semana.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, pidió a la República Dominicana que detenga las deportaciones forzosas de haitianos a su país de origen.

Además, Türk pidió a las autoridades dominicanas que acentúen sus esfuerzos para prevenir la xenofobia, la discriminación y todas las formas de intolerancia racial o étnica hacia los inmigrantes haitianos.

La crisis humanitaria se ha agudizado en los últimos meses en Haití, con las bandas armadas bloqueando el acceso a los principales puertos del país y un aumento de la incidencia del cólera en la población haitiana.

Llamado

— Comunidad
En diversos escenarios nacionales e internacionales el presidente de la República, Luis Abinader, ha reiterado el llamado a la comunidad internacional para que actúe de manera urgente frente a la situación de crisis que vive Haití.

Autoridades detienen a 650 indocumentados
Operativos. En las últimas 48 horas, las autoridades realizaron operativos de interdicción en la provincia de Dajabón que dejaron como resultado la detención de 650 extranjeros en condiciones migratorias irregulares.

Efectivos militares intervinieron desde el pasado sábado hasta la madrugada del domingo diferentes barrios de esta demarcación, donde de manera irregular se desplazan y habitan haitianos.

Los detenidos fueron trasladados a la Fortaleza Beller, de Dajabón, para ser entregados a la Dirección General de Migración y ser devueltos a su país de origen.
La pasada semana el presidente Abinader anunció el incremento de las deportaciones.