Medina reconoció que Santana lo asesoró en la campaña.
Santo Domingo.-A raíz de los efectos negativos que podría tener para su imagen, el gobierno de Danilo Medina busca distanciarse de las acusaciones atribuidas a Joao Santana, quien según el periódico O’ Globo habría afirmado en los interrogatorios que hubo manejo irregular de dinero relacionado a Odebrecht para financiar las campañas publicitarias que asesoró desde 2006.
Las informaciones difundidas han provocado la reacción del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y de funcionarios menores, quienes indican que la campaña de Medina no recibió recursos de la multinacional.
La oposición sostiene que los servicios publicitarios de Santana fueron pagados por la constructora como mecanismo de corrupción.
Sin embargo, los abogados de Santana y su esposa Mónica Moura califican como “meras especulaciones” las publicaciones divulgadas. Argumentan que el acuerdo de colaboración firmado por ambos imputados es totalmente confidencial.
Ley sin sanción
A propósito del dilema sobre el financiamiento que habría hecho la empresa, la Ley Electoral 275-97 no establece sanciones para los partidos por recibir apoyo económico de este tipo, aunque lo prohibe.
“Lo considera como un ilícito, pero la ley no lo considera ni como un crimen, ni delito electoral”, especificó el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán.
El jurista hacía referencia al artículo 47 de la legislación referente a las fuentes de ingresos.
Explica que aunque la Ley señala una serie de ingresos como prohibidos para las campañas electorales, no establece sanciones para quienes violenten esa disposición.
Por lo que en caso de que Odebrecht hubiera financiado alguna campaña en el país, explica, eso no implicaría sanción más allá de lo moral. Resaltó que RDes el único país de América Latina que no ha transparentado el financiamiento privado a partidos.
