LA PAZ, Bolivia.-El gobierno de Bolivia expresó el viernes su disposición de aumentar salarios a policías de bajo rango, que están amotinados, y urgió al diálogo, a través dell ministro del Interior Carlos Romero, en la primera posición oficial en un conflicto que derivó en saqueos.
Romero dijo que se les comunicó a los policías que "queremos efectivizar" un aumento de los ingresos de la Policía Nacional y "dialogar para encontrar soluciones" a un conflicto que tiene amotinados a unas 20 unidades y comandancias policiales en todo el país.
"Se les ha comunicado a los policías que nosotros queremos efectivizar la decisión de lograr estos ingresos que percibe la Policía Nacional por concepto salarial que alcancen a los 2.000 bolivianos" (287 dólares), monto exigido por los policías disconformes, dijo Romero en una declaración de prensa.
Agregó que abrió contactos con el sindicato Asociación de Suboficiales y Sargentos de la Policía, que dirigen un motín en unas 20 unidades y comandancias en todo el país y que este viernes derivó en saqueos y quemas en las sedes de la Dirección de Inteligencia y el Tribunal Disciplinario, en La Paz.
Además del reclamo de un salario de 2.000 bolivianos, el sindicato de los policías de bajo rango también reclama la jubilación con el 100% de sus ingresos y la anulación de una ley que les prohíbe opinar públicamente, aspectos últimos que no fueron comentados por Romero.
El ministro de Interior, quien ejerce tuición sobre la Policía, pidió "dialogar para encontrar soluciones" y reveló que ha mantenido contactos en las últimas horas, aunque sin acuerdos.
"El camino para seguir trabajando estos requerimientos no es el camino de la presión, no es el camino de los destrozos de los bienes públicos", dijo Romero.
Afirmó que "el canal de comunicación está abierto" y que "la voluntad y predisposición del gobierno se mantienen de manera inalterable y nuestra disposición a dialogar va a continuar".
El líder del sindicato de sargentos y cabos, Edgar Ramos, dijo a la radio privada Erbol que "tenemos una propuesta del gobierno que la hemos rechazado", aunque aclaró que hará una consulta con las guarniciones rebeldes, para tomar una posición oficial.
Los policías sublevados han suspendido la vigilancia callejera en la mayoría de las ciudades del país, aunque mantienen sus servicios en la banca privada y cárceles públicas.
