Gestión en las aduanas y la mejora en las recaudaciones

Uno de los grandes desafíos que enfrentan países como República Dominicana es cómo aumentar las recaudaciones fiscales sin tener que recurrir a reformas tributarias que puedan provocar el rechazo de una población ya escéptica ante nuevas cargas impositivas.

En mi artículo anterior abordaba justamente ese dilema, señalando las razones por las que en la región es tan complicado introducir nuevas figuras impositivas, a pesar del consenso general de que el Estado necesita más recursos para responder a las crecientes demandas sociales e infraestructura.

La clave parece estar en una palabra que a veces se menciona mucho, pero se aplica poco: eficiencia. Y es que mejorar la administración fiscal va más allá de cambiar leyes o subir impuestos. Implica una serie de acciones estratégicas que incluyen fiscalización inteligente, inspecciones preventivas, y algo que muchas veces se pasa por alto: el adiestramiento de un personal motivado, consciente de los objetivos nacionales y dispuesto a cumplirlos con integridad.

Este es el enfoque que, con sus luces y sombras, han intentado seguir los gobiernos dominicanos en los últimos años. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por ejemplo, reporta frecuentemente superávits en sus recaudaciones, superando las metas establecidas para el año.

Sin embargo, esos excedentes, aunque alentadores, no alcanzan para cubrir todo lo que el Gobierno Central necesita: servicios públicos de calidad, infraestructura vial, seguridad ciudadana, salud, educación, entre otros.

Por eso, aunque se recaudan más fondos que antes, el debate sobre una reforma fiscal siempre está sobre la mesa. Y con razón: la presión tributaria del país —es decir, lo que el Estado recauda en proporción al tamaño de la economía— ronda apenas el 14.6 %, una de las más bajas de América Latina, a pesar de que somos una de las economías con mayor crecimiento en la región.

Este contraste lleva a muchos a preguntarse: ¿cómo es posible que una economía en expansión recaude tan poco en comparación con su potencial? La respuesta es compleja, pero tiene que ver con un elemento cultural y estructural: la falta de confianza en el uso correcto de los recursos públicos.

Mientras la población no perciba una compensación clara en forma de servicios eficientes, y mientras persista la sombra de la corrupción, cualquier intento de aumentar impuestos encontrará resistencia.
Ahora bien, dentro de este panorama desafiante, hay señales alentadoras. Recientemente observé una publicación de la Dirección General de Aduanas (DGA) que merece destacarse, no sólo por sus logros, sino por el ejemplo de gestión que representa.

Esta institución ha demostrado que es posible incrementar los ingresos del Estado mediante una administración moderna, transparente y alineada con estándares internacionales.

Por ejemplo, la DGA ya ha recaudado más de RD$1,065,800 millones hasta mayo de 2025, con una evolución notable en su promedio diario, que pasó de RD$400 millones a más de RD$1,000 millones. En el período 2020-2024, la institución logró ingresar más de US$16,000 millones, una cifra sin precedentes en su historia.

Este desempeño se apoya en acciones concretas: implementación de tecnologías de escaneo para decomisos, como los más de 8,000 municiones detectadas en un motor de vehículo procedente de Nueva York; el ingreso de República Dominicana al programa Global Entry de Estados Unidos —siendo el país número 16 del mundo en lograrlo—; y avances importantes en materia de control interno y transparencia, como la recertificación ISO 37001 de antisoborno y el cumplimiento total de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).

Asimismo, el puntaje de GG.42 sobre 100 en el Índice de Transparencia refleja un compromiso con el gobierno abierto que bien puede ser replicado por otras agencias.

Entonces, ¿es posible aumentar los ingresos fiscales sin imponer más impuestos? La experiencia de la DGA dice que sí. El secreto está en una administración moderna, controles rigurosos, tecnología bien aplicada y, sobre todo, una gestión honesta que devuelva la confianza al ciudadano.