Por: Vianco Martínez
Santo Domingo.- Gerson Domínguez, contador público autorizado, especialista en Auditoria Gubernamental con más de veintisiete años de experiencia en los sectores público y privado, y luchador comunitario en su natal San Cristóbal, afirma que llegó la hora de cambiar la historia de ese organismo.
“Lo que se necesita –afirma- es una Cámara de Cuentas que recupere la credibilidad que se perdió cuando las últimas gestiones de gobierno metieron su mano en el organismo y lo convirtieron en cómplice de sus designios”.
Domínguezes hijo del sur y es docente, y en su tierra ha luchado con denuedo para que la familia yla juventud tengan un asiento en el futuro.
¿Cuáles son los pilares de su propuesta a la Cámara de Cuentas?
La Cámara de Cuentas es el órgano de control externo del Estado, y como órgano superior de control externo y como tal debe estar pendiente del cumplimiento de las leyes transversales de la administración pública. Por tanto, debe tener total transparencia, y al día de hoy eso no se está cumpliendo.
Tenemos en la estructura del Estado cinco leyes fundamentales, que les llamamos leyes transversales de la administración pública: la 340-06 de la Compra y Contrataciones, la 41-08, de Función Pública, la 126-01, que maneja el registro y el control de los activos y los pasivos del Estado dominicano y maneja los estados financieros y el control del gasto y la estructura de como está compuesta el Estado dominicano en cuanto a activo, pasivo y el capital.
También la obligatoriedad de cumplir otra ley transversal, que es la Ley General de Presupuesto, la 423-06.Al día de hoy esa ley manda que todas las instituciones que manejan fondos públicos ejecuten su presupuesto por resultado.
Actualmente, de más de veinte instituciones centralizadas y descentralizadas que hay, solo hay cuatro que lo cumplen. Y la Cámara de Cuentas, como órgano superior, no está cumpliendo con esa ley en materia de ejecución presupuestaria por resultado.
La función fundamental de la Cámara de Cuentas es emitir informes de auditoría, y para el año 2020 ha emitido menos de cincuenta auditorías, con un presupuesto aprobado ascendente a más de 974 millones de pesos.
Es decir, que con una inversión que ha hecho el pueblo dominicano para que la Cámara de Cuentas audite y confirme el bien hacer de la ejecución presupuestaria de las cuentas públicas, solamente ha podido trabajar menos de cincuenta auditorias. Y eso conlleva a que el costo por auditoría que está haciendo el Estado dominicano supera los dieciocho millones para este año y quince millones en los últimos tres años.
Una auditoría que le sale al sector privado en menos de dos millones de pesos, al Estado dominicano, a través de la Cámara de Cuentas, le está saliendo en más de quince millones de pesos promedio en los últimos cuatro años. Y esas cosas nosotros, como miembros de la Cámara de Cuentas, la vamos a cambiar.
La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, lavamos a auditar permanentemente, al igual que la Diferencian General de Contabilidad Gubernamental la vamos a auditar permanentemente, la de presupuesto la vamos a auditar permanentemente, al Ministerio de Administración Publica la vamos a auditar permanentemente. Porque este proceso nos servirá de parámetro para ir midiendo el desempeño de los diferentes estamentos e instituciones del Estado Dominicano.
Vamos a impulsar un plan de auditoría orientado a sanear y a corregir cualquier desviación que exista en cualquier ministerio, fundación o institución centralizada o descentralizada que reciba fondos públicos.
Pero también vamos a monitorear de cerca el plan de auditoría que lleva la Contraloría General de la República, a través de la Ley 10-07 de Control Interno y a confirmar si la Normas de Control Interno establecidas en esa ley se están cumpliendo de manera cabal y si esas auditorias están cumpliendo con los requisitos, con los procesos que están establecidos con esa ley.
En resumen, nuestro plan es adecentar y hacer cumplir de manera rigurosa, ética, moral de manera responsable; con una conexión con la sociedad, y trabajar en función de lo que espera la sociedad, que es que la Cámara de Cuentas le rinda un servicio de manera transparente y por resultado.
¿La Cámara de Cuentas puede ser auditada?
Quien lo puede fiscalizar es la Cámara de Diputados, que es quien la designa por mandato constitucional. Pero por esa razón es que, al ser el órgano superior externo en materia de auditoria y fiscalización, debe ser la institución más transparente y recuperar la credibilidad que ha perdido en los últimos años.
Al día de hoy, de esas auditorías que ha emitido, el Ministerio Público no ha podido someter a ningún funcionario acusado de corrupción ni malversación de fondos. No se ha hecho por una debilidad institucional que se ha creado, por una falta de rigor en el levantamiento de las informaciones. Y eso tiene que cambiar. Y cambiará cumpliendo con lo que establecen las normas legales establecidas.
¿En qué circunstancias rompió la Cámara de Cuentas su conexión con la sociedad?
Desde que la eligieron con un criterio meramente político. Una vez se elegían sus miembros de manera técnica, pero últimamente, sobre todo en los últimos cuatroaños, se escogieron con criterio meramente político y se perdió la conexión porque se abandonó la visión para la cual eran contratados, como establece la ley 10-04.
¿Cuando la Cámara de Cuentas falla que se prevé como respuesta?
La Procuraduría está ahora haciendo una serie de cuestionamientos porque entiende que en algunos casos, en algunas auditorias que se realizaron, hubo cierta complicidad en cuanto al apañamiento de las informaciones. No se declararon las auditorías de manera transparente, de manera ética y con el rigor que mandan los procedimientos.Por esa razón,sus miembros son objeto de un proceso de fiscalización.
Eso no debió pasar. Si se hubiese hecho el trabajo con el criterio y el rigor científico y el cumplimiento de las leyes, no se hubiera llegado hasta ahí. Pero eso lo hizo la Cámara de Cuentas, simplemente, por estar complaciendo a quien los designó ahí en el puesto.
¿Qué ha pasado con los cuartos del pueblo en los últimos tiempos, que no le duelen a nadie?
El problema realmente radica en que las instituciones, sobre todo la Cámara de Cuentas, no ha asumido el rol de fiscalizar y notificar a las autoridades que correspondan.
Si ellos le hacen una auditoria a una institución y encuentran una irregularidad no tienen que dormir el sueño eterno con esas auditorías ahí guardas para tratar de maquillar o hacer no sé qué cosa. Es cumplir con los plazos que establece la ley. Una auditoría se inició y en tres meses deben concluirla, el pleno debe reunirse y emitir su informe, sea favorable o desfavorable, un informe con salvedad o sin salvedad, o un dictamen adverso, no importa la condición con la que salga, tiene que cumplirse con el rigor de las fechas, con el calendario y lo han estado haciendo.
Lo que quiero decir es que a la falta de rigor técnico y científico que ha primado ahí le ha hecho mucho daño a la imagen de la institución. Y eso hay que cambiarlo.
Otra cosa que hay que cambiar es la revisión de ese presupuesto que tiene la Cámara de Cuentas. Ese presupuesto de 974 millones de pesos tiene contempladas partidas muy significativas para el área de comunicación institucional.
¿Cuánto se ha gastado en ese renglón?
Tiene programado 27 millones de pesos, el equivalente a más de dos millones mensuales solo en comunicación Estratégica y ese presupuesto se ejecutó en más de un 98% por ciento.
Considero que una institución que ese destinada a auditar y fiscalizar procesos no tiene por qué tener una partida tan elevada para comunicar, como sucede con el ministerio de Salud Pública, o de Turismo o de Industria y Comercio.
¿La sociedad dominicana no tiene una cultura de fiscalización de los fondos públicos históricamente?
Realmente, en los últimos años la población dominicana se ha ido empoderando porque ha visto que si no lo hace los actores políticos no van a responder en el nivel que demanda la población. Y eso es muy importante.
En el tema de transparencia internacional la República Dominicana lo que ha hecho es descender. Según el último informe publicado por los medios de comunicación, República Dominicana apenas está cumpliendo el 28 por ciento de los requerimientos de transparencia. En el puesto 30, de 183 países.
Pero ha faltado voluntad política en este proceso, ha faltado transparencia, ha faltado el cumplimiento de la ética y de los valores en la sociedad porque no solamente es un tema de leyes. Ha faltado que el órgano superior de control del Estado mande una señal.
Si la Cámara de Cuentas manda una señal haciendo una auditoría con rigor científico y los procedimientos que se establecen en las normas, y esas auditorías son sometidas a las instancias de persecución de la corrupción y sanciona al infractor, esa señal va a ser que todos los demás ministerios y funcionarios esté contestes a cumplir con la ley. Cuando eso se haga muchas cosas van a cambiar.
Muchos de los males de la sociedad dominicana suceden porque sus instituciones no están funcionando como manda la ley. Si ellos cumplieran con esa señal, con esa simple señal de hacer cumplir la ley, las demás instituciones lo van a cumplir porque delito que no se sanciona, delito que se incentiva a seguir cometiéndose.
La Cámara de Cuentas tiene un papel preponderante como freno y contrapeso entre todas las instituciones del Estado porque es el órgano que está facultado por la Constitución y la Ley 10-04 para cumplir y hacer cumplir las leyes en cuanto a la fiscalización.
¿Cuál es el llamamiento a la sociedad a supervisar a la Cámara de Cuentas?
Los órganos de fiscalización que tenemos en la actualidad son cuatro. Uno de control interno, que lo desempeña la Contraloría General de la República, a través de la Ley 10-07, el otro es el control externo, que lo establece la Cámara de Cuentas, y el otro el control ciudadano, que se debe establecer a través de la ley 200-04 de ley de libre acceso.A partir de esa ley la sociedad tiene el empoderamiento. Y el otro es el control legislativo, que lo establece tanto los legisladores como los diputados.
Si se cumplieran a cabalidad la sociedad no estuviera tan exaltada en cuanto a los niveles de percepción de corrupción que hay hoy día porque cada quien va a cumplir su rol.
Nosotros como ciudadanos debemos exigir -y también los servidores públicos que están en las instituciones públicas tienen que estar claros- que los recursos que están manejando son para desarrollar políticas públicas en beneficio de la ciudadanía, no son recursos propios, no son heredados, son del pueblo y para el pueblo.
¿Está de acuerdo en que cuando falla la moral de los funcionarios y fallan los mecanismos legales para sancionarlos la ciudadanía vaya a la plaza a reclamar a la Plazoleta La Bandera a reclamar lo que le han robado?
Yo estoy de acuerdo que el pueblo monitoree a la Cámara de Cuentas y que la sociedad proteste de manera pacífica y ordenada y vaya a la Plaza de la Bandera cuando los funcionarios le fallen, y eso la ley y la Constitución lo prevén. Lo que no estoy de acuerdo es con el desorden, el maltrato. Porque cuando se transgrede el derecho del uno se transgrede el derecho del otro.
¿Si un Presidente falla Gerson Domínguez lo auditoría?
Si es un mandato constitucional tengo que hacerlo porque es una responsabilidad legal y ética. Nosotros seriamos juramentados para cumplir la ley y tenemos que cumplirla. No importa quién sea. Lo que usted no puede es ir a maltratar ni avasallar. Lo que hay es que actuar siempre en el marco de la ley.
El Presidente que asume la posición del Estado sabe que va a manejar fondos públicos, fondos que no son de él, y que inmediatamente decidió se convierte en Presidente queda sujeto al escrutinio público y del imperio de la ley.
La conclusión es simple: si un Presidente falla, hay que auditarlo.