¿Cómo garantizar que, durante períodos de excepción como la emergencia mundial por la pandemia del Covid-19, los gobiernos continúen protegiendo los derechos civiles y políticos de los ciudadanos? Aquí la pregunta ha preocupado a pocos excepto dos o tres políticos del PRM más interesados en incordiar a las autoridades que en la esencia de la cuestión.

Porque lo esencial es como lo planteó recientemente Mike Abramowitz, presidente de Freedom House, quien dijo que “la democracia no debería y no necesita ser sacrificada en nombre de la salud pública”.

Los principios para preservar las libertades públicas durante la crisis, cuando los congresos y parlamentos otorgan facultades excepcionales al poder ejecutivo, son los mismos que los planteados en los tratados internacionales sobre derechos humanos: toda restricción temporal –por ejemplo, a la libertad de tránsito por el toque de queda— debe ser transparente, legítima, necesaria, proporcionada y no discriminatoria.

El diálogo social a través de la prensa y las redes sociales también merece especial atención en la crisis; urge responsabilidad para evitar controles extraños.