Garantía de la institucionalidad

Garantía de la institucionalidad

Garantía de la institucionalidad

J. Osiris Mota

Así como en una institución los dueños de los procesos son aquellos que lo implementan en la práctica para obtener los resultados esperados, en los procesos democráticos, los partidos deben velar por la calidad de los procesos para conformar, fortalecer y mantener una democracia viable y saludable, que dé respuestas a los requerimientos de la sociedad.

En mis años de experiencia, la debilidad mayor que he observado es que los políticos se enfocan más en los procesos políticos de obtener el poder y mantenerse, recurriendo para lograr sus propósitos a prácticas populistas que regularmente no suman valor público, lo que en definitiva no resuelven los problemas fundamentales por lo que la sociedad recurre de tiempo o ciclos, a reventar sobre el mismo o los mismos conflictos.

Uno de los casos más comunes es la falta de capacidad y gerencia de los dirigentes que asumen direcciones y ministerios, sin enfocarse en la esencia de estos, que es ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos que son sus votantes, destruyendo los avances y las experiencias acumuladas, cancelando funcionarios y personal capacitados, sustituyéndolos por personal político sin formación, que desconocen los procesos para el manejo adecuado de las instituciones.

Esta vieja practica solo la superaremos, cuando los partidos entiendan y asuman que la esencia de la democracia es servir con calidad y equilibrio, y no deben afectar a la gente, con personal sin formación ni vocación de servicio. Y no es que los favorecidos con una dirección no cumplan con los compromisos de ayudar a sus seguidores, pero nunca debe ser, afectando a los ciudadanos, de donde viene el poder de estar vigente.

Un partido con vocación de poder debe siempre tener claro sus principios y lealtades a su pueblo, porque solo así será valorado, y por eso es por lo que mi opinión es que los militantes, el partido, no deben perder la coerción sobre sus funcionarios, ya que sus actos indebidos o ineficientes, van proporcionalmente a dañar la imagen, la reputación de la institución política y la credibilidad de sus integrantes, para seguir o ganar procesos electorales futuros.