SANTO DOMINGO.- Fulgencio Severino, presidente del Movimiento Patria Para Tod@s, acusó al presidente Danilo Medina de ser el responsable del crecimiento del delito y la criminalidad.

Argumentó que el Presidente no hace nada ante el crecimiento de la riqueza que exhiben funcionarios civiles y militares de su gobierno a pesar de que los salarios no son suficientes para justificar dicha riqueza.

«El acoso de funcionarios del gobierno a los suplidores del estado es generalizado. El tráfico de drogas en los barrios y residenciales es abierto. Hay complicidad con el delito y el crimen en el gobierno porque los funcionarios civiles y militares están involucrados en los mismos», expresó.

Dijo que en muchas comunidades los traficantes y consumidores de drogas forman parte del equipo de campaña de funcionarios del gobierno y cuando son apresados ellos mismos gestionan su libertad y su fuga.

«La decisión de lanzar los militares a las calles es para reprimir a las personas decentes, quienes serán paradas y registradas para atemorizarlas. Es un mecanismo represivo para detener la inconformidad de la población ante la desgracia que vive», consideró.

Igualmente dijo que los jueces son cómplices e ineficaces pues son alegres con sentencias favoreciendo a personas que cometen delitos y en especial cuando se trata del delito gubernamental y el alto tráfico de drogas.

Fulgencio Severino, dijo que una verdadera acción contra el delito debe empezar por detener el delito de los funcionarios.

En ese sentido propuso la creación de una comisión ética independiente del gobierno que audite la riqueza de funcionarios civiles y militares de los últimos 10 años y junto a la procuraduría investiguen a todos los que no demuestren el origen de su riqueza y sea sometido a la acción de la justicia y los bienes les sean expropiados.

También depurar la policía nacional inventariando los bienes y servicios que disponen y solo aquellos que viven en decencia permanezcan en esta institución y se le mejoren sus salario.

Asimismo, intervenir las comunidades, residenciales y barrios contra el tráfico de droga en todo el país. Asignar 300 policías por cada 100 mil habitantes y distribuirlo con objetivo claro de vigilancia y detección del tráfico y el crimen.

Planteó además desarrollar un programa de empleos para jóvenes recuperados que estén vinculados con el tráfico y el delito y crear una comisión del poder judicial que audite los expedientes vinculados con el delito y si se comprueba acciones contrario a la justicia de parte de los jueces, estos sean sometidos a investigación, destitución y a la justicia.