Alberto Fujimori estaba condenado a 25 años de cárcel por asesinato y corrupción. AP
Lima.- Treinta años después de protagonizar un autogolpe de Estado que marcó a fuego la historia de Perú, el expresidente Alberto Fujimori enfrenta la posibilidad de una excarcelación en cumplimiento de un indulto humanitario y, al mismo tiempo, una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por dos causas que podrían bloquear su puesta en libertad.
Aquel 5 de abril de 1992 fue un quiebre de la democracia que llevó a Fujimori, que en las elecciones de 1990 había vencido al escritor Mario Vargas Llosa, a asumir poderes totales tras disolver el Congreso e intervenir en la Judicatura con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Al movimiento de Fujimori contribuyó la deslegitimación de la clase política tradicional, la desastrosa situación económica, el avance de la corrupción y “una sensación de indolencia y de distancia” con la ciudadanía, según comentó a Efe el analista Eduardo Dargent.
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A pesar de las tres décadas transcurridas, los peruanos “aún arrastran las consecuencias que ese autogolpe dejó” en términos económicos, políticos y derechos humanos, agregó a Efe la socióloga y analista Gelin Espinoza.
En Perú, sigue vigente la constitución de 1993 que estableció un sistema económico que permitió frenar la crisis de la época, pero, “a lo largo del tiempo, no ha logrado lo que prometía- generar mayores oportunidades” para todos los peruanos, destacó Espinoza.
En el plano político, se consolidó el desprestigio de los partidos y estos ahora son “muy volátiles” y llevan al poder a personas con “perfiles que buscan intereses propios, tienen antecedentes de corrupción e incluso se aprovechan de sus puestos”, añadió.
EL INDULTO DE LA POLÉMICA
A nivel de derechos humanos, Espinoza considera que se ha mantenido “un sentido de impunidad” que se ha reavivado con la posibilidad de que Fujimori pueda ser liberado de la condena a 25 años de cárcel que cumple desde 2009 por crímenes de lesa humanidad, lo que “golpea a las personas que fueron víctimas, los desaparecidos y sus familiares».
A pesar de ello, el legado del golpe de Estado de 1992 es reivindicado por los seguidores de Fujimori, incluida su hija y heredera política Keiko, quien matiza que fue un episodio «único e irrepetible” en un momento crítico de la historia peruana.
Todo ello en un contexto político marcado por el indulto humanitario a Fujimori, concedido inicialmente en 2017 por el entonces presidente, Pedro Pablo Kucyznski, que fue restituido en marzo pasado por el Tribunal Constitucional (TC).
