Santo Domingo, RD. — El Frente Amplio (FA) saludó la medida de coerción impuesta por el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional Rigoberto Sena, a Santiago Hazim y los demás implicados en la denominada Operación Cobra, vinculada a graves irregularidades detectadas en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), al considerar que constituye otro paso de avance en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la administración pública.
La organización política valoró la decisión judicial como una señal positiva que el sistema de justicia responda a la demanda ciudadana de investigar, judicializar y sancionar a quienes hayan comprometido recursos públicos destinados a la salud del pueblo dominicano.
“La corrupción en el sector salud es un crimen de lesa humanidad, que tiene consecuencias directas sobre la vida y la dignidad de la gente”, afirmó María Teresa Cabrera. En ese sentido saludó el anuncio del magistrado Wilson Camacho según el cual se aprestan a estructurar el caso SeNaSa 2.0.
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El Frente Amplio reiteró que la medida de coerción impuesta, debe servir para complementar una investigación exhaustiva, transparente y sin privilegios, que alcance a todos los responsables, tanto del ámbito público como del privado, que hayan participado en el entramado de irregularidades revelado por el Ministerio Público y llegar a Juicio de Fondo. En ese sentido, advirtió que este proceso no puede convertirse en un hecho aislado ni selectivo.
Asimismo, el FA exhortó a las autoridades a profundizar las pesquisas hasta las últimas consecuencias, recuperar los fondos presuntamente desviados y establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales conforme a la ley. “La sociedad dominicana espera sanciones ejemplares y la recuperación de lo robado, como condición indispensable para restablecer la confianza en las instituciones”, subrayó Cabrera.
Finalmente, el Frente Amplio reafirmó su compromiso con la defensa del interés público y la vigilancia permanente de los procesos judiciales relacionados con la corrupción, insistiendo en que la salud y los recursos del Estado no pueden seguir siendo botín de redes que operan al margen de la ley.
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