La Conferencia del Episcopado, haciéndose eco del sentir de muchos sectores de la sociedad, planteó crudamente la problemática del Poder Judicial que en realidad abarca a las Altas Cortes escogidas por el expresidente Fernández durante su gestión como primer mandatario de la nación.
Dicho cónclave de nuestra Iglesia católica ha planteado en términos reales que en el país no hay justicia. Esta posición es ampliamente respaldada por la sociedad civil y amplios núcleos de la vida nacional.
¿Qué hacer? Las soluciones no pueden dejarse al tiempo, dado que representan un gravísimo problema que afecta la institucionalidad democrática del país, pero como ya se ha dicho los problemas de la democracia se resuelven con más democracia.
Hagamos un poco de historia. Durante el gobierno del Consejo de Estado, al amparo de la Constitución del año 1962, se escogieron nuevos jueces y ministerios públicos en todo el país, tarea encomendada al entonces secretario de Estado de Justicia Lic. Ángel Liz y al procurador general de la República de entonces Dr. Eduardo Antonio García Vázquez.
Luego sobrevino el gobierno constitucional del Prof. Juan Bosch y Gaviño, y, por ende, el imperio de la Constitución del año 1963, a cuyo amparo se designaron nuevos magistrados, jueces y fiscales en todo el territorio nacional.
A este gobierno le sucedió, producto del golpe de Estado y de la derogación de la Constitución de 1963, la restauración de la Constitución del año 1962. Este gobierno fue derrocado por la Revolución de Abril.
Siguiendo el orden cronológico, luego de la insurrección precitada surgió el gobierno provisional del Dr. Héctor García Godoy.
Bajo la égida de este régimen transitorio tuvimos el honor de plantearle al presidente García Godoy la situación de la Justicia y la necesidad imperiosa de elegir a todos los jueces y magistrados del país con la excepción de la Suprema Corte de Justicia.
El presidente García Godoy atendiendo a este reclamo de nosotros, como Procurador General de la República, nos dio potestades al Lic. Conde Pausas, que se desempeñaba como presidente de la Suprema Corte de Justicia, y a nosotros para llevar a cabo esta tarea, cuyos frutos gozaron de aceptación general.
Los males que han desembocado en el actual estado de cosas provienen de la anómala elección realizada, a título personal y con un interés político, por el expresidente Fernández.
De modo que estamos ante el clamor unánime de renovar al Poder Judicial y a las llamadas Altas Cortes.
El Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente Lic. Danilo Medina, sin violar la Constitución de la República y actuando dentro de sus atribuciones, dadas las amplias posibilidades interpretativas de la Constitución, puede convocar a dicho organismo para restructurar esos órganos, entendiéndose que no se trata de sustituir a todos los magistrados del país, sino tan solo a aquellos que fueron llevados a sus actuales posiciones en violación a la Ley de Carrera Judicial, mediante concursos públicos de oposición.
