El Día 
Francisco Álvarez Valdez, abogado.
SANTO DOMINGO.- El abogado Francisco “Pancho” Álvarez consideró que el caso del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, quien figura como principal vinculado al caso de un supuesto desfalco millonario contra el Estado en operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, debe ver más allá de la visión técnico jurídica.
Entiende que este caso en particular tiene un interés muy importante para la ciudadanía y como ciudadano, considera incorrecto que se aprovechara un período cercano a un cambio de gobierno, como fue de enero a julio del 2020, para comenzar a pagar las expropiaciones.
“Justo seis meses antes del cambio de gobierno hubo una especie de feria de pago de expropiaciones y no de expropiaciones, por esas expropiaciones, muchas de las cuales ocurrieron 20, 30, 40, 50 años atrás, la persona titular de ese derecho muchas veces ya había fallecido (…)”, analizó el coordinador Análisis Político de Participación Ciudadana, al ser entrevistado en el programa “No se diga más”, que se difunde de lunes a viernes, por Top Latina 101.7, de 12:00 a 2:00 pm.
En ese sentido, Pacho Álvarez cuestionó que, si el Gobierno se tardó tanto en pagar esas expropiaciones, por qué lo hizo en ese lapso de seis meses y “sobre todo en un momento muy inapropiado porque los fondos públicos debieron dedicarse a paliar las consecuencias de la pandemia”.
Es por esta razón que el abogado entiende que en el caso de Donald Guerrero hay aspectos que no tienen que ver con Derecho, sino con el sentido común y con la necesidad de la población dominicana.
Donald Guerrero dijo esperar que Donald Guerrero explique a la sociedad los motivos por los que se aprovechó el período antes de las elecciones para pagar deudas “antiquísimas” del Estado dominicano, momentos en que esos fondos, entiende, podían dedicarse para paliar las necesidades más perentorias que tenía la nación en ese momento.
“Que explique por qué se constituían compañías, en un momento determinado esa compañía recibía la acepción de un crédito de una de esas expropiaciones, cobraba esos fondos y al poco tiempo después la compañía era disuelta”, pidió el especialista en leyes, quien calificó la acción como “banderitas rojas que se levantan y orientan la investigación del Ministerio Público”.
