Las empresas extranjeras operan en Francia conforme la directiva sobre “traslado del trabajador” de la UE, que desde 1996 permite que trabajadores de un país de la Unión Europea sean “desplazados” a otro por un período de hasta dos años y paguen las cargas sociales en su patria, aunque en teoría obedezcan las leyes laborales del país anfitrión.

Hasta parlamentarios del partido Socialista gobernante de Hollande han propuesto leyes para endurecer las regulaciones relativas a los trabajadores de la UE en Francia, diciendo que las empresas generalmente las utilizan para eludir las leyes laborales locales.

En 2012 hubo  170,000 trabajadores desplazados” en Francia.