El modelo de capitalización de las empresas estatales implementado en 1999 ha sido satanizado porque en lo relativo al sector eléctrico fracasó en su implementación.
Sin embargo, el concepto de que el Estado se buscara un socio estratégico para hacer las inversiones que requerían las empresas estatales y eliminar el clientelismo en su manejo, aprovechando la administración privada, sigue siendo bueno y aplicable.
El modelo es simple: el socio privado hace el aporte de capital requerido para el desarrollo de las empresas y que asuma la administración, mientras que el Estado se mantiene siendo socio igualitario, pero relega su rol de administrador para concentrarse en las funciones reguladoras.
Ha funcionado exitosamente, por ejemplo, en la antigua Molinos Dominicanos. Sin embargo, en el caso de las empresas eléctricas capitalizadas ha sido un rotundo fracaso, incluso en el área de generación, porque los intereses creados han frenado el desarrollo de un verdadero Plan de Expansión de la generación.
La modalidad asumida buscaba conjugar lo mejor de los sectores privado y público. Pero la puesta en marcha lo que hizo fue sacar a relucir el rentismo y el parasitismo empresarial y el desinterés del Estado en cumplir a cabalidad su rol de regulador.
La mayor muestra lo constituyen las tres empresas de distribución de electricidad, que finalmente tuvieron que volver a ser readquiridas por el Estado dominicano, pues los inversionistas extranjeros se dedicaron a ordenarlas y relegaron a planos secundarios su rol de cobrar la energía servida y consumida por los usuarios.
El modelo de la capitalización, insistimos, no fracasó, pero en su implementación se produjeron numerosas distorsiones que le impidieron mostrar su bondad.
Bien pudiera ahora el Gobierno aprovechar que vuelve a tener en su poder la totalidad de las acciones de EDE Norte, EDE Sur y EDE Este para recapitular.
Uno de los aspectos a tener en cuenta es que los contratos, y de ser posible las partes envueltas en la sociedad estratégica, queden bajo la esfera local y que se establezcan reglas de juego claras que los inversionistas privados respeten y que el Estado haga respetar.
