Santo Domingo.-Representantes del Foro Feminista en el país dijeron estar indignados frente a la sentencia emitida recientemente por el Tribunal Constitucional y en virtud de la cual se anula el Código Penal aprobado por el Congreso Nacional el 19 de diciembre del 2014, manteniendo la vigencia al Código Penal de 1884, «sin mencionar siquiera sus reformas».
Dijeron que el Código Penal anulado contiene disposiciones dirigidas a sancionar hechos antijurídicos que afectan a la sociedad dominicana, como el sicariato, los crímenes de lesa humanidad, el feminicidio, la sanción a autoridades públicas por tratos crueles, inhumanos o degradantes y la corrupción, entre otros.
Aseguraron que además, «dicho Código incorporaba supuestos avances en materia de protección de derechos humanos de las mujeres al tipificar delitos o circunstancias que afectan de manera particular o en mayor proporción a las mujeres».
Describieron como uno de esos supuestos avances el de la despenalización de la interrupción del embarazo cuando concurren circunstancias especiales, es decir, cuando peligra la vida de la mujer, cuando se constatan en el embrión malformaciones congénitas incompatibles con la vida y cuando el embarazo es producto de una violación o incesto.
«Este reconocimiento –en la ley penal- de lo que calificaron como el derecho a la vida, dignidad e integridad de las mujeres es una demanda que desde hace más de 45 años vienen exigiendo organizaciones feministas», indicó la organización.
Explicó que “en esta ocasión el procedimiento de aprobación del Código es la excusa para que se postergue la entrada en vigencia de una Ley que podría contribuir a evitar la muerte de cientos de mujeres y niñas en nuestro país; que reduciría el dolor y el trauma de quienes producto de una violación, -muchas veces cometidas por sus padres-, son obligadas hoy a una maternidad que no buscaron y que no están en capacidad física, emocional o económica para afrontar, se lee en el comunicado de prensa enviado a este medio de comunicación».
Demandaron que se mantengan los artículos 107, 108, 109 y 110 del Código Penal aprobado en el 2014 referidos al acceso de las mujeres a interrumpir un embarazo en las circunstancias especiales antes señaladas.
