Al hablar sobre la necesidad de combatir la creciente informalidad de la economía dominicana, casi todos los sectores abogan por regularizar, bancarizar y convertir en contribuyentes de la DGII al enorme grupo de negocios grandes y chiquitos que evade o evita incorporarse a la legalidad.

La verdad es que el riesgo de ser detectado o penado por operar al margen de las normas es menor que la certeza de que los enormes costos de la formalidad pueden tornar muchas actividades productivas en inviables.

No me refiero a casos como los comercios chinos que hoy, como antes los árabes y españoles, burlan los controles oficiales para crecer a expensas de comercios o fábricas atacadas por esa competencia ilegal y desleal.

Esas prácticas ilícitas pueden combatirse igual que como la DGA y la DGII obligaron a los antiguos evasores a cumplir sus obligaciones.

Uno de los propósitos de la recientemente fallida reforma fiscal, que por pospuesta no es menos urgente, debió ser recalcular cuánto más recaudaría el Gobierno reduciendo los costos de la legalidad para que nadie encuentre motivos ni incentivos para evadir, evitar ni inventar con las obligaciones de impuestos y aranceles.

Las quejas de los comerciantes importadores, que muchas veces se benefician de perjudicar a la industria y la agropecuaria nacionales, merecen atención no sólo como lamento sectorial puntual, sino porque refleja una inequidad mayor: el crecimiento de la informalidad en los negocios desincentiva a los cumplidores al obligarlos a pagar por sí solos los impuestos que corresponden a todos los dominicanos productivos.