En el país comienza a generar alarma el sorprendente incremento de figuras políticas oficialistas involucradas en actividades relacionadas con el crimen organizado, especialmente del narcotráfico; situación que impacta el corazón de nuestra democracia.
La realidad es que no bien se cierra un caso vergonzoso, cuando aparece otro de alguna candidatura que supuestamente ha sido financiada con recursos económicos provenientes de actividades propias del crimen organizado. El más reciente escándalo que se encuentra en la palestra radica en el concerniente a Ethian Vásquez, esposo de la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por La Romana, Jacqueline Fernández, quien se encuentra acusado de narcotráfico por los Estados Unidos.
Aunque ésta informó que se encuentra separada de ese ciudadano, la situación salpica la política dominicana.
El panorama golpea significativamente al Sistema de Partidos Políticos, debilita la democracia y empaña la imagen del país, uno de sus principales activos para la promoción de la industria turística, motor principal de la economía.
La problemática es multifactorial, pero uno de los elementos que acentúan las debilidades en el Sistema de Partidos Políticos consiste en el déficit en la formación política, situación reiterada a pesar de que cuenta con financiamiento estatal. Un político carente de formación política no incorpora los niveles de conciencia e identidad necesarias para vencer las tentaciones que amenazan el ejercicio de la buena política.
El aporte de la educación en general al desarrollo de una determinada sociedad resulta múltiple y se manifiesta en las dimensiones ética, social, económica, cultural y política. En ese sentido, se asume que la educación representa un medio privilegiado, a fin de asegurar un dinamismo productivo con justicia, equidad social y el fortalecimiento de la democracia.
De la teoría a la práctica existe un enorme trecho, porque el consenso respecto a este impacto diversificado y estratégico contrasta con la dificultad de los países en vía de desarrollo para lograr saltos sustanciales en calidad, equidad y eficiencia educativa.
Muchos dominicanos cifran su esperanza en la política para el logro de ascenso económico y social; por lo que se hace cada día más necesaria la profesionalización de esa actividad a través de una educación especializada que contribuya a mantener esa aspiración en quienes se dedican a ejercerla con regularidad. Sin formación política, se cae en el deseo de alcanzar dinero fácil y rápido, en una sociedad que ha visto encarecer la actividad política.
A pesar de que la educación política constituye un mandato legal, la mayoría de los partidos no cumple con el mismo. Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos están en la obligación de formar a las militancias no solo en las cuestiones partidarias, sino, además, en lo relativo a la adecuada conducción del Estado.
La educación política tiene una importancia tal que se ha especializado un financiamiento público, a fin de garantizar que la misma se lleve a cabo dentro de todos los partidos reconocidos.
El referido financiamiento se obtiene por medio de la especialización de un monto no menor al diez por ciento (10 %), de la suma recibida cada año por concepto del financiamiento público que corresponda a los partidos, lo que será programado en su ejecución por el órgano partidario correspondiente y administrado por el centro partidario de formación política.
Esta disposición no es obligatoria en años de elecciones generales para cualquiera de los niveles de elección.
Hay que hacer un esfuerzo colectivo para que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos impulsen una formación que genere un nivel de conciencia e identidad que sirva de antídoto a la penetración del narcotráfico en la actividad política.
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