SANTO DOMINGO.-Muchos nos preguntan si el planteamiento de que los fondos de pensiones puedan ser retirados con una finalidad diferente a su objetivo original como el que se está haciendo por parte de algunos congresistas es válido, o si por el contrario carece de una visión de la situación presente, las leyes y las realidades socio económicas del país.
Una medida de este estilo, que si bien ha sido propuesta en algún otro país, solo puede entenderse para el nuestro en el contexto de un debate de claro contenido electoralista. Hacer pensar a la población que tendrán de repente un maná extraordinario es relativamente fácil.
Lo que no se explica es que en todos los países quién responde a las necesidades de sus ciudadanos en estos gravísimos momentos son las propias instituciones del Estado, no sus trabajadores.
De ser así, serían los cotizantes quienes estarían asumiendo, con sus planes de pensiones, la financiación de la crisis económica que genera la pandemia del coronavirus. Quién debe dar los apoyos necesarios a toda la población es el Gobierno, quien además es el único que tiene capacidad para hacerlo.
El planteamiento de que sean los propios trabajadores los que, con sus ahorros para el retiro, afronten la crisis es discriminatorio y contrario a una solución global e igualitaria.
Objetivo exclusivo
Los fondos de pensiones, financiados por los trabajadores cotizantes, sus empresas que aportan la mayor parte, y la rentabilidad que les obtienen las AFP, son recursos constituidos con el objetivo exclusivo del pago de pensiones.
Es así en nuestro país y en el resto de los países donde existen planes de pensiones contributivos. No son fondos de emergencia, ni cuentas de ahorro para viviendas, ni de cesantías, ni de ningún otro objetivo que no sea la pensión.
Si se anticiparan, en el improbable caso de que técnicamente fuese viable, supondría un doble perjuicio para los trabajadores afiliados. Por una parte, verían reducida su pensión futura en una cantidad que podría llegar a ser, para las personas más cercanas a la jubilación, del 30%.
No olvidemos que el rendimiento que están obteniendo los fondos de pensiones dominicanos, están entre los más altos de América Latina y Caribe. No hay otras inversiones, con el nivel de seguridad que tienen los fondos de pensiones, comparables en cuanto a rentabilidades se refiere.
Ni tampoco el mercado de valores nacional se ha desarrollado lo suficiente como para absorber la liquidez generada o ser alternativa decisiva frente a los títulos públicos.
Por otra parte está la dificultad técnica de poder abordar un rescate de estas cantidades, que están invertidas en títulos que las AFP deberían vender (y probablemente malvender) si encuentran comprador.
La cantidad de la que estamos hablando es enorme, cercana a un 5% del PIB. Encontrar comprador privado o pensar que sean los emisores los que estén dispuestos a redimir esos activos puede ser muy costoso, lo que impactaría directamente sobre la rentabilidad para los afiliados.
También sería una opción incompleta, pues son pocos los afiliados que han podido ahorrar lo suficiente como para que retirar una cantidad del 30% puedaresolverles algo.
Las estimaciones es que solo menos de un millón de cotizantes podría llegar a retirar una cantidad equivalente a tres salarios mínimos, y esos son normalmente los asalariados de mayores ingresos.
La población más desprotegida, que trabaja básicamente en el sector informal de la economía, no recibiría nada. El problema en nuestro país no son las pensiones: son los bajos sueldos y una informalidad laboral cada vez más creciente.
No conviene olvidar el impacto que tendría para la economía del país una medida de esta naturaleza, que como dijimos supondría poner de repente en manos de una porción minoritaria de la población cerca del 5% del PIB.
Una cantidad así, que casi de inmediato se destinará al consumo, habrá de generar un desequilibrio económico muy importante.
Todos podemos entender que si tenemos más dinero para consumir (aumento de la demanda), pero los bienes que podemos consumir son los mismos (estabilidad de la oferta), la consecuencia es un aumento de precios (inflación) que se adueña de nuestra economía.
Si además parte del dinero que eventualmente se transfiriese desde los fondos de pensiones fuera por liquidaciones de deuda pública, el Estado, tendría que endeudarse aún más con otras instituciones, que sin duda alguna serían extranjeras, pues no hay capacidad de ahorro interno fuera de los fondos de pensiones, para asumir esa deuda. Una emisión importante de bonos en el extranjero, llevaría a tensiones en la prima de riesgo del país, mayor costo de las emisiones, y una posible inestabilidad en la tasa de cambio.
En conclusión, hay razones sobradas para que esta iniciativa sea desechada. Y eso, no significa que se deje de proteger a la población.
Todo lo contrario, estos son los momentos en quien tiene que ayudarnos a los ciudadanos es precisamente nuestro Estado, garante del desarrollo y la cohesión social, y el que cada vez más se reduzca la cantidad personas en la marginalidad.
El problema en nuestro país no son las pensiones: son los bajos sueldos y una informalidad laboral cada vez más creciente.
— Perjuicio
Si técnicamente fuese viable, supondría un perjuicio para los afiliados. Verían reducida su pensión en una cantidad que podría llegar a ser, para las personas más cercanas a la jubilación, del 30 %.
