La Comisión de la Cámara de Diputados que conoce la reforma a la Ley de la Seguridad Social ha sugerido numerosos cambios al régimen de pensiones, muchos de los cuales son bastante atractivos.
Sólo hay que esperar si son financieramente aplicables, porque en el Sistema de la Seguridad Social no hay magia. Cada modificación implica un análisis de su impacto económico.
Dicho esto, pasamos al siguiente punto: no podemos pretender que se prolongue en el tiempo la situación de indefensión que se proyecta para quienes tengan o puedan acogerse al régimen de pensiones tal como está diseñado en la actualidad.
Esa situación no beneficia a nadie y genera unos niveles de malquerencias a los fondos de pensiones que arrastra un daño reputacional que en nada conviene a las empresas que administran esos fondos (las AFP).
No hay dudas de que las reformas deben ser sostenibles y en el informe hay algunos aspectos que difícilmente lo sean, pero lo que no puede continuar es la certeza de que al terminar el período productivo, los trabajadores no tengan la seguridad de una pensión digna al acogerse a los beneficios que contempla la actual Ley de la Seguridad Social.
Si no se introducen cambios para mejorar, el daño al sistema podría ser irreparable y expandirse a otras áreas hasta crear protestas amplias y activas, como ya ha ocurrido en otros países.
