Víctor Féliz Solano
Siempre ha sido de debate histórico el origen de los recursos que a través de transferencias desde el Gobierno Central reciben los ayuntamientos del país.
Muchas personas desconocen que la Ley 166-03 que da autonomía de gestión administrativa y financiera a los gobiernos locales data de casi 20 años.
También ignoran que la misma ley se encuentra en moratoria desde el mismo tiempo en cuanto a la asignación de recursos se refiere.
La ley de marras indica que, del Presupuesto General de la Nación, los ayuntamientos recibirían el equivalente al 10 % sobre el total aprobado. La misma señala que esa asignación iba a ser gradual, iniciando con un 8 % a partir del año 2005, un 9 % en el 2006 y alcanzando la plenitud del aporte en el año 2007 en adelante.
Parecería que el Estado dominicano le “regala” a las arcas municipales parte de sus ingresos de manera graciosa y una gran cantidad de contribuyentes sienten que se les tima cada vez que se “comparte” con los gobiernos locales sus contribuciones al tesoro nacional.
Ambas expresiones carecen de lógica y es parte del mito con que se pretende, de manera histórica, como bien hacemos referencia al inicio de la presente opinión, desacreditar al más cercano y legítimo poder del Estado: los ayuntamientos.
Haciendo honor a nuestra posición, nos permitimos desmitificar tan bochornosa e ignominiosa posición.
El Estado se apropia desde hace más de 50 años de un caudal que es propiedad de los ayuntamientos, cuando los despojó de casi todos los impuestos que tienen absolutamente vocación municipal.
He aquí unos ejemplos: el derecho de circulación que se conoce popularmente como las placas, en todas partes, es de manejo exclusivo de los ayuntamientos.
También el impuesto predial o conocido como IPI en nuestro país, las patentes y los casinos; tributos que generan miles de millones de pesos a las arcas estatales en múltiples sistemas democráticos de la región engrosan las arcas de las alcaldías.
Para este año el monto a recaudar por renovación de placas asciende a poco menos de 2.5 mil millones de pesos, por IPI la friolera de alrededor de 5.0 mil millones de pesos, en juegos de azar 3.0 mil millones de pesos todos estos números están sujetos a revisión, pues aún no salen los informes definitivos de la DGII para el año 2021, que recién finalizó.
Media docena de impuestos como los provenientes de actividades turísticas, actividades mineras, entre otros no menos importantes, justificarían cada peso que el Gobierno Central le transfiere a los ayuntamientos cada mes. El debate se centraría en que estos recursos que manejan para inversión de capital las corporaciones edilicias, estén debidamente alineados con los propósitos que esboza la Estrategia Nacional de Desarrollo y que cuenten con el debido celo de las autoridades rectoras que velan por el buen uso, transparencia y calidad del gasto que se realice. Fortalecer la descentralización no quiere decir debilidad, ni muchos menos, sino cargar de manera eficiente y justa la gran demanda de los dominicanos que procuran mejores servicios.
*Por Víctor Féliz Solano
