El primer considerando de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región.
En Honduras, con las elecciones efectuadas, y su desenlace, hemos visto cómo han rodado los postulados y planteamientos de compromiso que plantea dicho documento. Estamos ante un flagrante desconocimiento de la democracia. Se trata de un acontecimiento que quiere darle un baño de legalidad a un golpe de Estado que sacó del gobierno a Manuel Zelaya, un presidente escogido en elecciones libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo.
Contrario a eso, asistimos el domingo a los actos que intentan legitimizar un bochornoso sabotaje a la democracia. Se trata de un espectáculo electoral, montado, afortunadamente, sin el respaldo de la comunidad internacional y sin la supervisión técnica de observadores de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas.
Aun así, el caso de Honduras no puede ser un ejemplo que quede impune. El silencio y la falta de una condena contundente podrían servir para reconocer como legítima una negra referencia en la región.
No se trata de un delito cometido en territorio hondureño. Va más lejos. Se violó flagrantemente la Carta Democrática Interamericana, hubo un desacato en cadena, tanto a las resoluciones de la OEA, como de la Organización de las Naciones Unidas, al plan Arias y el Acuerdo Tegucigalpa-San José.
El sistema interamericano y la propia OEA quedarán muy mal parados si prospera la farsa.
