La boleta a utilizar para la consulta, será diseñada por la JCE, y tendrá solo dos renglones, los cuales deberán ser contestados, con un SÍ o un NO.
SANTO DOMINGO.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) rechazó categóricamente los aprestos de algunos sectores para privatizar los servicios de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (ONSA), Teleférico y Metro de Santo Domingo, además del Instituto del Cáncer, «todo ello bajo el alegato del renovado enfoque de tendencia neoliberal, fundamentado de manera errónea en los objetivos de la reciente ley 47-20, que regula las alianzas público privadas».
Trajano Potentini, presidente de la entidad, explicó que ciertamente, la referida ley procura facilitar, que el sector privado se asocie con el Estado, para desarrollar grandes proyectos, como carreteras, empresas en el área turísticas, entre otros tantos renglones, atrayendo inversión extranjera y fomentando la creación de empleos, con inversiones y proyectos, donde se parte normalmente desde cero y a cargo de la inversión privada, nunca en temas tan sensibles como el servicio básico del transporte o la salud, más aún tratándose de infraestructuras, en las cuales el estado bajo el sacrificio del pueblo dominicano, ya las pago o estableció en su totalidad.
De acuerdo con la FJT las alianzas públicas privadas o APP, como se les denomina en la ley, resultan de mucho beneficio para el estado y en general para la ciudadanía, donde se articula tradicionalmente un acuerdo entre sector público y privado, facilitando uno la inversión, y el estado normalmente las facilidades en los casos que aplique, de expropiación de terrenos, exenciones impositivas, entre otros, como aporte del estado para el nuevo proyecto a considerar.
Potentini abogó porque se mantenga íntegro el espíritu y finalidad de la ley 47-20, la cual ojalá no sea prostituida y se use, incluso para afectar la gobernabilidad democrática, como podría suceder ante la barajada privatización de servicios y prestaciones, tan básicas e indispensables, para el pueblo, responsabilidades inherentes al estado, en su rol constitucional, de garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de los dominicanos.
