Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT),a pocas horas de vencerse el plazo para el depósito de nominaciones a cargos electivos, pidió a la Junta Central Electoral (JCE) rechazar las candidaturas que no cumplan con los dictados de la ley electoral No. 275-97, específicamente el procedimiento y los requerimientos previstos en los artículos 67 y siguientes de la referida ley.
Trajano Potentini, hablando a nombre de la FJT, insto a la JCE a observar con rigor las disposiciones del artículo 68 de la ley electoral cuando dispone que “la nominacón de los candidatos a cargos electivos que hayan de ser propuestos por un partido político, reconocido o inscrito, deberá ser hecho por el voto afirmativo de la mayoría de los delegados a convenciones regulares y públicamente celebradas tres días, por lo menos, después de haber sido convocadas por medio de aviso público en un diario de circulación nacional».
Potentini entiende oportuno, el que la junta se avoque en lo inmediato, en el escaso plazo que le quedará a partir de hoy, como único plazo para recibir las candidaturas, a verificar y depurar con pinzas las candidaturas que tienen tachas por problemas reñidos con la ley u otras incompatibilidades.
A juicio de la fundación y para salud de la democracia, le corresponde a la JCE la responsabilidad histórica de servir como filtro y muro de contención, para al respeto y observación rigurosa de las leyes y la institucionalidad, rechazando y declarando inadmisible todas aquellas nominaciones que no estén conteste con los dictados de la ley.
Asimismo la entidad cívica deploró el clima de violencia en campaña, el cual al día de hoy le ha costado la vida a ciudadanos prominentes como el reciente caso del ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet, cuyo hecho trágico debe servir de reflexión a la clase política.
Finalmente la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), aboga y hace votos por que también se respete la cuota establecida por ley, para garantizar una participación mínima de las mujeres en los cargos electivos, recordándole a la clase política que la Constitución de la República, establece en el Art. 39-5 la obligación estatal de “promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a cargos de elección popular”.
