PACTO ELECTRICO ISA
Santo Domingo.-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) rechazó el cambio de metodología «impuesto» por el Consejo Económico y Social (CES) en las discusiones del pacto eléctrico, con la intención de beneficiar al sector empresarial y al gobierno, a pesar de las objeciones del sector social y laboral, quienes pidieron a dicho órgano que pospusiera las pre-plenarias hasta tanto el proceso se revistiera de una mayor equidad y transparencia.
Miguel Reyes Taveras, director ejecutivo de la entidad, que es una de las organizaciones convocadas por decreto del Poder Ejecutivo a la discusión del Pacto Eléctrico, afirmó que esta medida unilateral del Consejo Económico y Social (CES) entraña un desprecio por las decenas de horas de trabajo que hasta ahora se han dedicado para llegar a los distintos consensos.
Sostuvo que reducir más de dos mil propuestas que habían sido presentadas en las consultas a solo 10 puntos básicos por sector constituye una jugada que solo busca favorecer al gobierno y el sector empresarial.
Para la entidad de sociedad civil es de gran preocupación que los hechos sigan apuntando a que es cierta la versión denunciada en repetidas ocasiones de supuestos acuerdos secretos entre empresarios y gobierno, con la nefasta intención de dividirse el sector eléctrico como si se tratara de un gran pastel, evidenciando que el Pacto Eléctrico solo es una pantalla para legalizar posibles amarres entre empresarios y políticos.
Deploró que a pesar de que han transcurrido más de 15 meses desde la emisión del Decreto 389-14, el gobierno no haya aportado todas las informaciones que han sido requeridas en reiteradas ocasiones por el Sector Social y Laboral, manteniendo una gran opacidad, que ha impedido a los actores que no forman parte del negocio eléctrico en la República Dominicana, el debatir en igualdad de condiciones.
Censuró que el proceso de discusiones de las propuestas del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico haya sido tan accidentado, producto del desconocimiento de las exigencias realizadas por los representantes de la sociedad civil y la intentona de excluir algunos de sus miembros de las mesas de discusiones del pago.
Reyes Taveras exhortó a monseñor Agripino Núñez Collado y a Iraima Capriles, para que en sus respectivas calidades de principales directivos del Consejo Económico y Social CES, se pronuncien sobre las peticiones presentadas al CES y así evitar que el Pacto Eléctrico fracase.
