El Día 
El principal ejecutivo de Inversia es Teodoro Hidalgo.
SANTO DOMINGO.– La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, depositó ante la Oficina de Atención Permanente la solicitud de medida de coerción consistente en prisión preventiva contra Teodoro Rafael Hidalgo Méndez y Michell María Evertz Estévez, coimputados de asociación de malhechores, estafa, lavado de activos y violación a la Ley Monetaria y Financiera, delitos cometidos contra 233 querellantes, hasta el momento.
Inversia, entidad de intermediación financiera no regulada que funcionaba al margen de la normativa y las regulaciones del sistema financiero dominicano, captó a través de los imputados, y otros que se investigan, más de 1,200 millones de pesos.
La Fiscalía precisa que los imputados crearon un entramado societario con empresas típicas que utilizan las organizaciones del crimen organizado para distraer fondos, en este caso de ahorrantes que el imputado Teodoro Hidalgo, en su mayoría, conoció mientras se desempeñaba como un alto ejecutivo de una empresa cervecera.
¨Con relación a la cartera de préstamos de Inversia, esta solo era de 18 millones de pesos, lo que evidencia que estamos ante una mega estafa, de proporciones inéditas para casos de esta naturaleza¨, manifestó la fiscal Reynoso.
Estableció además que este no es solamente un grave delito económico, sino que las acciones cometidas han implicado que cientos de familias de clase media, producto del trabajo y del esfuerzo para ahorrar, hoy están sumidos en la pobreza, sin tener en muchos de los casos ni siquiera para comprar alimentos y medicamentos.
¨Exhortamos a las personas a que no depositen sus ahorros en entidades financieras no reguladas porque el riesgo de que los pierdan es muy alto y el órgano regulador no tiene bajo su supervisión entidades no autorizadas para realizar intermediación financiera¨, agregó la fiscal titular.
El Ministerio Público ha otorgado al presente caso la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano, los artículos 68 y 80 de la Ley Monetaria y Financiera y los artículos 1, 3, 7 y 8 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
