Foto de archivo.
SANTIAGO.- La Fiscalía de Santiago dio inicio este jueves a la lectura de la acusación formal contra 46 personas físicas y 5 entidades societarias, procesadas por la comisión de múltiples delitos cibernéticos, incluyendo la estafa, extorsión sexual, robo de identidad, y chantaje, dejados al descubierto por la Operación Discovery.
El documento acusatorio se extiende en poco más de mil 300 páginas que, además de la formulación de cargos contra los imputados, define las características de la red criminal, sus operaciones, implicados y el rol que desempeñaba cada uno.
El Ministerio Público, reitera la fortaleza de la acusación contra una de las redes del cibercrimen organizado más sofisticadas de la que se haya tenido conocimiento.
Las víctimas, ciudadanos de los Estados Unidos en edad de retiro, a quienes se les despojó de sus recursos económicos, sufrieron las vejaciones y engaños de una organización que se especializó para vulnerar el sistema de seguridad de esa nación norteamericana.
En más de 750 pruebas documentales, 600 pruebas materiales, y otra decena de elementos probatorios periciales, así como con el testimonio de más de 130 testigos, este órgano investigador persigue demostrar al tribunal la afiliación de los procesados a la estructura criminal, que operaba bajo cuidadosas estrategias, para agenciarse con el dinero de las víctimas.
La jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción que dirime esta etapa del proceso, Iris Sugelly Borgen Santana, decidió el aplazamiento de la audiencia para el próximo jueves 21 de marzo, a fin de dar continuidad a la lectura de la acusación.
Operación Discovery puso en el ojo del sistema de justicia una muy bien estructurada red criminal que se erigió empleando maniobras fraudulentas y engañosas, usando como campo de operaciones los centros de contacto o Call Center, desde donde implantaban el terror psicológico a las víctimas.
Fruto de estas actividades criminales, los imputados movilizaron millonarias transacciones económicas, y adquirieron vehículos de alta gama, equipos electrónicos, entre otros bienes.
Esta investigación se desarrolló bajo la coordinación del Ministerio Público, con el apoyo del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Policía Nacional, la Embajada de Estados Unidos, con el soporte operativo de las especializadas Procuraduría Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Procuraduría Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
El dispositivo acusatorio presenta cargos contra los imputados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari), José Eliezer Rodríguez Ortiz,
Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña (Max), Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Josué de Jesús Marte Monsanto
Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández (Mayo), Ángel Rafael Peralta Guzmán (Alikate) y Anabel Adames.
También, contra Genaro Antonio Hernández Caba (Moreno K5), Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o La Válvula), David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán, Juan de Dios Martínez Brito, Salim Bautista Santana, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada (Blood), José Efraín Mejía Matrillé y Víctor Manuel Hernández.
Son imputados, además, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez, William Alberto Díaz Cruz, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then y/o Joel Estévez Mena, Willys Mena y/o Willys Rafael Mena Hernández, Augusto Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng y/o Cristina Lynn Yanne, Linda Pérez y/o Linda Leida Pérez, Sarah Altagracia Kimberly Rodríguez Ortiz.
Asimismo, Leandro Rafael Contreras Jiménez, Maribel Rodríguez Ortiz, Audy Pharel Pierre, Luis Alfredo Peguero Lora (el Lápiz), Ángel Alberto Rosario ( Yankee), Anthony de Jesús Adames Adames, Chayhan Rafael Rodríguez Arias (el Cojo), Miguel Antonio Peralta García (Calvito), Bismark Alexander Ramos Batista, Isaías José Cepeda Fernández.
Están formalmente acusadas las empresas: Televoice International Group Sucrod, SRL; Rodcat Contact Center, SRL; Homeserve Contact Center, SRL; Global Comunicaciones Dominicana, GLOCODO, SRL, y Enmanuel Jerez y Peralta Industrial, SRL.
Los procesados enfrentan cargos penales por violación a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266, 400 y 405 del Código Penal Dominicano. También, por violar los artículos 14, 15 y 18 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como por transgresión a los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos, que castigan la estafa a través de medios cibernéticos, obtención ilícita de fondos, falsedad de documentos y firmas, complicidad, asociación de malhechores, extorsión y estafa.
Otros delitos
En adición se le acusa a los imputados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz y Máximo Miguel Mena Peña de violación a los artículos 66 y 70 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados; se le atribuye la violación a los artículos 6 y 75 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, por porte de armas de manera ilegal y distribución de drogas.
En tanto que al imputado Emmanuel Castro Ozuna se le adicionan cargos por violación a los artículos 4, letra D; 6 letra A, y 75, párrafo 2, de la Ley 50-88 sobe Drogas y Sustancias Controladas. Se le indilga también la violación al artículo 66, párrafo V, y el 70 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El expediente refiere que los imputados Víctor Manuel Hernández y Jean Carlos Rosa Vargas también enfrentan cargos por violación a los artículos 6 y 75 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas por simple posesión de drogas.
