El Día 
SANTO DOMINGO.-La Fiscalía del Distrito Nacional presentó este miércoles acusación en contra de José del Carmen Cruz, su esposa Miguelina Martínez Adames, su hijo Marcos José Cruz Martínez, su hermana Ana Luisa Cruz Gómez y Felipe Jesús Santos, por cometer asociación de malhechores, falsificación, delitos de Salud Pública, estafa y lavado de activos.
En la instancia el Ministerio Público establece que José del Carmen Cruz creó un entramado societario integrado por dieciocho empresas, entre las que se destacan Centro de Diagnóstico Guaricanos, Export Pharma, Guifar, Yomifar, Credijones Constructora Inmobiliaria, Serviatech, Vallar Comercial, Jones Farmacéutica, Semprofarm, Metrofharma, entre otras.
La investigación, que inició a raíz de una denuncia realizada la periodista Nuria Piera, dejó evidenciado que el acusado, su esposa, hijo y hermana, quienes figuran como accionistas de las empresas, traían al país medicamentos vencidos o por vencer, luego contrataban de 10 a 15 jornaleros por día para volver a etiquetar esos medicamentos con una etiqueta falsa, colocándoles fechas de caducidad distintas que iban de 2 a 3 años luego de la originalmente establecida.
Producto de estas acciones fraudulentas los acusados estafaron al Estado con cientos de millones de pesos al vender medicamentos en hospitales e instituciones relacionadas con el sector.
Las investigaciones periciales prueban tanto la falsedad de los etiquetados como la adulteración de los productos farmacéuticos.
En el legajo probatorio ofertado por la Fiscalía, integrado por más de dos mil pruebas, se evidencia que el acusado adquirió bienes millonarios, entre los que se destacan decenas de inmuebles, vehículos de lujo, locales comerciales, fincas, así como cuentas bancarias que se encuentran secuestradas por el Ministerio Público y que se solicita en la instancia que sean decomisadas en beneficio del Estado Dominicano.
La Fiscalía destaca que este grupo criminal puso en peligro la vida de miles de dominicanos con la distribución a nivel nacional de medicamentos adulterados como el Manitol, la Detefacolin, entre otros.
El informe técnico que se aporta como prueba y que fue realizado por el órgano rector en el tema, Salud Pública, establece las siguientes irregularidades: almacenes llenos de medicamentos vencidos, falta de higiene, presencia de polvo, ratas, filtraciones en los techos, presencia de moho en la puerta del cuarto frío y ventilación inadecuada para almacenar productos terminados.
La procuradora fiscal titular, magistrada Yeni Berenice Reynoso, calificó este caso como grave y solicitó que sea conocido en un plazo razonable y que la justicia juegue el rol que le corresponde como órgano imparcial en un Estado democrático.
