Roberto Santana, titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, señaló la sobrepoblación con presos preventivos entre las principales cargas que debe confrontar al frente de esta entidad.
De entre las informaciones que compartió el funcionario en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio están las siguientes, con las que ilustró el drama de las cárceles: tienen capacidad nominal para 16,000 internos, pero albergan 25,200, de los cuales 9,000 tienen condena de un tribunal.
En términos relativos, en cada espacio de las cárceles en el que pueden ser alojados cien internos hay poco más de 156. Y en esa misma tesitura, de cada cien reclusos poco más de 64 no están condenados, o lo que es lo mismo, alrededor de 36 de cada cien están en prisión con la sentencia de un tribunal.
Una revisión de la realidad de las cárceles descrita cuatro y dos años atrás por otros actores del sistema deja ver datos semejantes y una realidad con escasos cambios.
Desde luego, no todas las cárceles del país son iguales. Unas, del denominado “nuevo modelo”, acogen holgadamente a los internos y en las demás están apiñados, de lo cual se desprende que la realidad de estos reclusorios puede ser peor de lo que permiten generalizar las cifras dadas por Santana.
La prisión preventiva es la petición común de los fiscales en Atención Permanente y a pesar de que el juez puede disponer otra medida de coerción, muchas veces también es acogida.
Ante casos de delincuencia común raterismo, robo famélico o narcotráfico menor tal vez un tribunal dispone la presentación periódica o la prisión domiciliaria y nada pasa. Pero muchas veces las víctimas, sus familiares o la opinión pública en pleno reclaman el “tránquenlo” a todo pulmón.
¿No le habrá faltado a Santana este detalle dominicano en la pintura de este drama?
