La fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, habló con los medios de comunicación fuera de su oficina después de que las fuerzas de seguridad cercaron la entrada, en Caracas, Venezuela. AP
Caracas.- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, se declaró en rebeldía contra su destitución por parte de la poderosa Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro, que en su primera sesión este sábado decidió que legislará hasta por dos años.
«Desconozco las decisiones (…) y no las asumo, porque están al margen de la Constitución y la ley», dijo en un comunicado Ortega, quien denunció que está «en pleno desarrollo un golpe contra la Constitución promovido» por el máximo tribunal y el gobierno de Maduro.
Cumpliendo el deseo del mandatario de darle un revolcón a la Fiscalía, luego de que Ortega se rebelará en su contra, la Constituyente removió a la fiscal, que acusa al mandatario de tener «ambiciones dictatoriales».
La funcionaria será sometida a un juicio por supuestas irregularidades, anunció más temprano el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado de servir al gobierno-, al suspenderla de sus funciones.
«Propongo que sea removida de su cargo la señora Luisa Ortega Díaz, no suspendida. No es un linchamiento personal, político, sino cumplir con la ley», dijo el constituyente y poderoso líder chavista, Diosdado Cabello.
Maduro justificó la decisión en una entrevista con una radio argentina, indicando que la fiscal «mintió» al afirmar que no avaló la designación de los magistrados del TSJ en 2015.
En reemplazo de Ortega, chavista de 59 años, la Constituyente designó provisionalmente al defensor del pueblo, Tarek William Saab, de línea oficialista.
La funcionaria, quien tiene prohibición de salir del país y congeladas sus cuentas, sostuvo que este caso solo es una «muestra ínfima de lo que viene para todo aquel que se atreva a oponerse a la forma totalitaria de gobernar».
Temprano, militares le impidieron ingresar a su despacho, tras lo cual partió en una moto con escoltas y prometió que seguirá «luchando».
Constituyente por dos años
La destitución fue condenada por varios países. Para el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, es el «primer acto dictatorial» de la Constituyente, a la que México tildó de «ilegítima».
Al repudio se sumaron Canadá y las fiscalías de Perú y Guatemala. Ortega atribuyó su destitución a un intento por «esconder la corrupción» y los abusos que se han dado durante las protestas opositoras iniciadas hace cuatro meses, con saldo de 125 muertos.
Advirtiendo que la vida de la fiscal está en «riesgo inminente», la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyas decisiones desestima el gobierno, le otorgó el viernes medidas cautelares de protección.
La Constituyente, en la que no participa la oposición por considerarla un «fraude», tomó otra medida que estremece el ya convulso escenario político, al decidir que su período de funciones será de hasta dos años.
De abarcar ese lapso, iría más allá del mandato de Maduro, que concluirá en enero de 2019. La oposición, que exige elecciones generales, emitirá una declaración al final de la tarde.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) considera que la polémica asamblea solo busca mantener a Maduro en el poder e instaurar en Venezuela una «dictadura comunista».
La Constituyente, presidida por la excanciller Delcy Rodríguez, activará además una Comisión de la Verdad que, según Maduro, investigará los «crímenes de la derecha» en las protestas.
El mandatario y líderes oficialistas han advertido que la asamblea, un «suprapoder» que reescribirá la Carta Magna promulgada en 1999 por el fallecido expresidente Hugo Chávez, también «pondrá orden» en el Parlamento, de mayoría opositora.
Fuera del Mercosur
En medio del remezón de las primeras medidas de la Constituyente, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, fundadores del Mercosur, acordaron este sábado en Sao Paulo suspender a Venezuela por «ruptura del orden democrático».
«A Venezuela no la van a sacar del Mercosur. Jamás. Somos Mercosur de alma, corazón y vida», replicó Maduro. La asamblea, que sesiona en el salón elíptico del Palacio Legislativo, determinó que podrá hacer uso de todos sus espacios, incluido el hemiciclo, donde funciona el bloque opositor.
Aunque el mandatario prometió que la nueva Constitución se someterá a referendo, los asambleístas prometen seguir tomando decisiones de aplicación inmediata.
Estados Unidos no reconoce la legitimidad de la Constituyente, al igual que una decena de gobiernos latinoamericanos y la Unión Europea.
El Vaticano pidió también echarla atrás, al señalar que fomenta «un clima de tensión». Frente a las presiones internacionales, Delcy Rodríguez advirtió que los venezolanos resolverán su crisis «sin ningún tipo de interferencia extranjera».
