SANTO DOMINGO.- El fiscal titular de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán, informó que los imputados que se encuentran recluidos en el camión que funciona como cárcel móvil en Santo Domingo Este, se encuentran en dicho lugar temporal porque el Poder Judicial demolió, sin previo aviso, la cárcel preventiva que operaba en el Palacio de Justicia de esa jurisdicción.
Dijo que con esto el Poder Judicial dejó a los imputados sin un lugar donde permanecer mientras esperan el conocimiento de las audiencias o las resoluciones de los jueces ordenando el cumplimiento de medida de coerción o condena en uno de los centros del sistema penitenciario.
El fiscal Guzmán solicitó al Poder Judicial a través de la Procuraduría Regional de Santo Domingo la autorización para la construcción de una nueva cárcel preventiva en el mismo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este para sustituir la anterior que se encontraba en mal estado y en tal sentido dijo que enviaron una propuesta para construir una nueva carcelita a costo total de la PGR y todavía esa institución a cargo de la administración de los palacios de justicia del país, donde funciona ese tipo de cárcel, no le ha dado respuesta sobre la autorización.
Expresó que realizan esfuerzos como nunca para humanizar las cárceles y recordó que en esa misma demarcación fue construida la nueva cárcel preventiva de San Luis como parte del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, donde son recluidos los internos en condición de preventivos, ahora de forma más humana y segura.
Resaltó que los imputados que lamentablemente permanecen en la cárcel móvil luego de que el Poder Judicial demoliera la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, deben estar recluidos de forma temporal en el mismo Palacio de Justicia por la etapa del proceso en que éstos se encuentran, recordando que todas esas edificaciones cuentan con ese tipo de cárcel a nivel nacional.
Dijo que a pesar de que los palacios de justicia son propiedad del Estado Dominicano conforme los Certificados de Títulos, el Poder Judicial lleva de manera extraoficial la administración de los mismos, por lo que se ve impedido de iniciar dicha construcción hasta tanto el Poder Judicial autorice la construcción de esa carcelita, la cual podría realizarse en alrededor de una semana.
