Panamá.- El magistrado fiscal que acusa a Ricardo Martinelli (2009-2014) por un caso de escuchas ilegales, Harry Díaz, recomendó hoy al expresidente panameño comparecer ante la Justicia y evitar la “vergüenza” de ser detenido, como ordenó el lunes el pleno del Supremo de Panamá.
Díaz recalcó, en una entrevista con la televisión local TVN, que la ley panameña no establece un plazo para que el magistrado de garantías del caso, Jerónimo Mejía, ejecute la detención de Martinelli, un proceso que entre otros involucra pedir a la Interpol la circular roja, es decir, búsqueda y captura del expresidente.
«Él se puede evitar el problema de ser detenido a efecto de comparecer al proceso. Si él quiere pasar esa vergüenza de ser perseguido internacionalmente ya eso es decisión del señor Martinelli”, expresó Díaz.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de nueve magistrados, ordenó el lunes la “detención provisional” de Martinelli, quien se encuentra fuera del país desde enero pasado, por un caso de escuchas ilegales durante su Gobierno (2009-2014) a más de 150 personas, entre políticos, empresarios y periodistas.
En una audiencia que se prolongó casi ocho horas, los magistrados decidieron autorizar a su colega juez de garantías, Jerónimo Mejía, “a diligenciar el cumplimiento” de la “medida cautelar personal” de detención provisional del exmandatario y actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Díaz recalcó que la ley panameña no establece un plazo perentorio para que Mejía haga las diligencias para cumplir con la orden del pleno de detener a Martinelli, quien según sus abogados se encuentra en Estados Unidos.
Explicó que para ello primero Mejía debe recibir “la notificación oficial de parte de la Oficina Judicial” del fallo del pleno, y a partir de allí cuenta con varios mecanismos legales para ejecutarlo, entre ellos “el tratado de asistencia legal mutua».
Mejía también puede echar mano del “mecanismo de la vía diplomática, para solicitar la extradición en caso que el señor Martinelli no quiera comparecer”, añadió.
“Y entre otras medidas también el magistrado de garantías debe solicitar la alerta roja ante la Interpol”, lo que involucra la recopilación de una serie de documentos, expedientes y también el fallo del pleno, resaltó Mejía.
Díaz además sostuvo que al exjefe del Estado panameño “se le han respetado todos los derechos habidos y por haber”, lo que la defensa de Martinelli niega.
La defensa del exgobernante insiste en que el proceso judicial está plagado de errores, como que se haya acusado a Martinelli sin antes haberse celebrado una audiencia de imputación de cargos.
Martinelli, de 63 años, dice ser un “perseguido político” del actual Gobierno de Panamá, que dirige quien fuera su vicepresidente, Juan Carlos Varela, debido a que la Justicia le ha abierto al menos seis expedientes por diversos delitos de corrupción.
El expresidente salió de Panamá el pasado 28 de enero, cuando el Supremo abrió la primera causa penal en su contra, por un caso de compra con supuestos sobrecostes de alimentos a través del gubernamental Programa de Ayuda Nacional (PAN).
“Es notorio que la actitud asumida” por Martinelli “de sustraerse de la jurisdicción nacional (…) atenta contra el normal desarrollo del proceso que se le sigue” por el caso de las escuchas, argumentó el lunes el pleno del Supremo al ordenar su detención provisional.
Añadió que “existe una clara justificación para que el Estado agote las medidas procesales para que asegure la presencia ante los estrados nacionales” del expresidente.
Por ser diputado del Parlacen, Martinelli debe ser procesado por el Supremo mediante el novedoso sistema penal acusatorio, que establece procesos orales y abreviados.
