Entre los principales delitos sobre los que la JCE llama la atención están: obstaculizar o cohibir a un votante cuando se dirige a un colegio electoral a ejercer su derecho al voto.
Santo Domingo.- La entrega de «logística» es un delito, eso es un tipo de soborno, y los senadores y diputados que aprobaron la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral lo saben, afirmó hoy el titular de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos Electorales, Iván Feliz Vargas.
El magistrado Feliz explicó que en la cultura dominicana, cuando se habla de logística se refiere a llevar personas a ejercer su derecho al voto, y que a su vez «necesitan 300, 500 o mil pesos, lo cual la ley prohíbe».
«En las elecciones municipales de febrero, se observó una parafernalia de todos los partidos políticos, donde se veían estructuras que llevaban gente a votar, y posiblemente se gastaba dinero», añadió el fiscal.
Compra de cédulas
Manifestó que en la actualidad hay dos personas, una de Santiago y otra de Nagua, con medidas de coerción por delito de compra de cédulas en las elecciones municipales de febrero.
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Los procesados pertenecen a los partidos Fuerza del Pueblo y De la Liberación Dominicana. Explicó que aunque de otros partidos no se presentaron denuncias, eso no significa que no haya habido casos.
«En el caso específico de la compra de cédulas, es un delito que se castiga de uno a tres años», enfatizó el procurador contra Crímenes y Delitos Electorales, Iván Feliz, el Programa El Día de Telesistema.
Las carpas
Apuntó que la Junta Central Electoral (JCE) cuenta con personal encargado de evitar la instalación de carpas en los alrededores de los recintos de votación, ya que eso se considera proselitismo.
Llamó a los partidos políticos y a los líderes a mantener la calma y a no promover situaciones como «romper carpas», instándolos a realizar denuncias cuando sea necesario.
«Un grupo estará vigilando a aquellos que porten gafetes», explicó el magistrado, señalando que durante el proceso de mayo las fiscalías estuvieron abiertas, pero no se recibieron denuncias. Instó nuevamente a los partidos políticos a mantener la calma y a utilizar el sistema judicial para resolver disputas.
«Los 19,800 agentes policiales se han capacitado en materia de delitos y crímenes electorales, la mayoría de los cuales son policías de la Dirección Central de Investigación (DICRIM)», informó.
«Es crucial confiar en la policía, ya que debemos trabajar en conjunto con ellos».
Además, destacó que estarán atentos a la contaminación sónica y visual en los alrededores de los recintos, y utilizarán la inteligencia artificial para detectar noticias falsas.
Entre los principales delitos están: obstaculizar o cohibir a un votante cuando se dirige a un colegio electoral a ejercer su derecho al voto; enseñar el voto o decir por quien votaste o piensas votar; amenazar con despedir a un empleado que quiera votar; pedir dinero, favores o regalos a cambio de votar a favor de cualquier candidato o candidata; comprar o vender una Cédula de Identidad y Electoral, entre otros establecidos en el Capítulo II, Artículo 309 y siguientes de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.
