Cámara de Cuentas
SANTO DOMINGO.– La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ponderó este miércoles la reciente decisión de reajuste salarial de los miembros de la Cámara de Cuentas.
Entiende que esta medida se percibe como incoherente y desproporcionada de cara a la situación que atraviesa la Cámara de Cuentas, «de acuerdo a lo que informan los miembros de ese órgano, caracterizada por ellos como de falta de liquidez para realizar acciones concretas inherentes a sus funciones, como son las auditorías a las instituciones gubernamentales».
En este sentido, la FINJUS consideró que el organismo encargado de ejercer el control de la fiscalización de los bienes económicos del Estado no puede enviar en estos momentos un mensaje que contradice el espíritu de economicidad y razonabilidad para el buen uso de los recursos públicos.
«Además de ello, en los últimos años el porcentaje de los ingresos que el sector público debe destinar al pago de salarios de alto nivel se encuentra en ascenso sin que los resultados en materia de eficiencia, en ciertas instituciones estatales, sean satisfactorios», sostiene la organización en un comunicado de prensa.
En otro orden dijo que es impostergable que desde el Poder Ejecutivo se emitan los reglamentos que harán efectiva la aplicabilidad de la Ley No. 105-13, la cual normativa, además de indicar topes de salario para funcionarios específicos como el caso del Presidente de la Cámara de Cuentas, establece en su artículo 13 la atribución de los poderes y órganos constitucionales del Estado de fijar sus escalas salariales guiándose de un reglamento salarial que debe dictar el Poder Ejecutivo.
«En suma, esta decisión de aumento salarial ha generado múltiples cuestionamientos dado que se adopta en un momento en que, desde el Estado, se insta a los funcionarios de los distintos estamentos a ser comedidos, razonables y coherentes con la situación de estrechez económica y presupuestaria que prevalece en la actualidad. Asimismo se advierte que la misma no estuvo acompañada de ningún tipo de evaluación de rendimiento, eficiencia y efectividad del accionar de la Cámara de Cuentas», refirió.
Desde FINJUS entendemos que a la luz del ordenamiento legal vigente, la actuación de la Cámara de Cuentas se suma a una serie de decisiones adoptadas por los órganos públicos, que lamentablemente se han caracterizado por ser inoportunas, desconsideradas, descoordinadas, incoherentes y cuestionables, que refuerzan las percepciones sociales que alimentan la falta de credibilidad en las promesas estatales de practicar la austeridad, cultivar la eficiencia y mejorar la comunicación hacia la sociedad.
