Finjus se opone a proyecto de ley crea Colegio Dominicano de Economistas

Santo Domingo.-El vicepresidente de la fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, se expresó en contra del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados que crearía el Colegio Dominicano de Economistas (Codeco), por considerar que el mismo crearía trabas a la actividad económica pública y privada.

Castaños Guzmán explicó que el proyecto procura regular el ejercicio profesional de los economistas, ordenar su actividad, velando por la deontología y la dignidad profesional, así como el debido respeto a los derechos de la ciudadanía.

Precisó que la iniciativa legal reserva un conjunto de atribuciones y competencias que afectan la formulación y evaluación de los proyectos de inversión en el ámbito nacional, el análisis, diseño y diagnóstico de políticas económicas públicas o privadas, entre otras.

El jurista manifestó en una carta enviada al director de este diario que la iniciativa afectaría el derecho de igualdad configurado en el artículo 39 de la Constitución, ya que el proyecto establece que solo podrán ejercer la función de economistas los dominicanos de origen o nacionalizados.

“Dicha exigencia es desproporcional y discriminatoria en relación a los profesionales extranjeros que tienen la residencia legal en República Dominicana y prestan sus servicios a los sectores público y privado”, indicó.

Sostuvo que la propuesta regulatoria establecería barreras a través del otorgamiento de licencias o derechos exclusivos a sus colegiados.

Creaciones libres

Castaño Guzmán señala que en el país, a diferencia de España y Perú, las corporaciones profesionales no tienen reconocimiento constitucional, sino que son creaciones libre del poder legislativo que las inviste de potestades de derecho público para la ordenación de determinados sectores.

El jurista agregó que la legitimidad o no de la colegiatura obligatoria no puede entenderse al margen de la naturaleza de la profesión y el contenido de la propuesta legal. Indica que la iniciativa pretende atribuir a los economistas una serie de labores que no son de su exclusividad.