El Día 
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente. ejecutivo de Finjus.
Santo Domingo.– La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), propone un abordaje integral de este fenómeno, como una opción más adecuada que la política criminal basada únicamente en el aumento de la pena a menores que cometan hechos delictivos, como el crimen ocurrido contra la niña de 4 años, en Santiago.
«Estos lamentables hechos deben estimular a las autoridades y la sociedad a continuar en el estudio de las causas que generan estas desviaciones y promover el diseño de políticas públicas efectivas de prevención de la delincuencia y la violencia en el país», expresó Finjus en un comunicado sobre el debate suscitado por la modificación de la Ley No. 136-03 de protección de niños, niñas y adolescentes para aumentar el tope de la pena correspondiente de crimenes.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que «el fenómeno de la delincuencia juvenil amerita una ponderación amplia de los múltiples factores que circundan la ocurrencia del mismo, dentro de estos la intervención social en lo referente a los altos grados de exclusión que rodean a los menores que incurren en ilícito penal, así también los criterios de vulnerabilidad, de descomposición familiar, entre otros».
Castaños Guzmán entiende que la violencia juvenil no puede abordarse únicamente desde la responsabilidad penal, ya que es un fenómeno multicausal y complejo que requiere programas adecuados de política criminal.
Manifestó que dichos programas deben ser «destinados a mejorar la prevención y reinserción de los infractores, por lo cual se debe debatir respecto a temas centrales como mayor inversión en el sector social con énfasis en sistemas de protección integral a la niñez y adolescencia».
A continuación compartimos con ustedes el documento emitido por Finjus:
La sociedad dominicana ha quedado hondamente conmovida por el rapto, violación y asesinato de una niña de 4 años en la ciudad de Santiago. Es un crimen execrable que ha encendido nuevamente las alarmas sociales ante la barbarie y la degradación moral que implica.
Un hecho de esa naturaleza impacta hondamente en la opinión pública y revive discusiones acerca de la efectividad de las leyes, la eficacia de las instituciones del sistema de justicia penal y en general sobre las causas de estos aborrecibles fenómenos.
Al mismo tiempo la alarma y el estupor se agravan cuando se informa que entre los autores materiales se encuentran uno o más adolescentes. Se produce, de inmediato, un recrudecimiento del debate sobre el sistema de justicia juvenil, y se enfoca de manera específica en la necesidad de que se modifique la Ley No. 136-03 de protección de niños, niñas y adolescentes para aumentar el tope de la pena correspondiente, en la creencia de que esta modificación legal contribuirá a la reducción o eliminación de estos crímenes.
Ciertamente, hechos tan gravosos que laceran la conciencia de la sociedad y que además tienen el agravante de ser ejecutados por menores de edad, provocan el ataque frontal a la actual regulación de la responsabilidad penal de los adolescentes.
La primera respuesta de la sociedad es reclamar un enfoque punitivo y represivo para resolver este tipo de problemas, tanto en los jóvenes como en la sociedad en general. Sin embargo, existe suficiente evidencia y documentación que señala que las estrategias represivas y punitivas, han mostrado limitados resultados no sólo en la región sino en la mayoría de los países del mundo, debido a que esas medidas no están dirigidas a las causas del fenómeno sino que buscan disminuir los indicadores de violencia y delincuencia de manera sostenida.
Como se ha señalado reiteradamente estos planteamientos engloban un conjunto de argumentos populistas que terminan recomendando el aumento de la pena como el camino eficaz para la reducción de estas actuaciones antijurídicas.
Se apoyan asimismo en una cierta percepción social que plantea que estos hechos se producen al amparo de la “protección” que reciben los menores que entran en conflicto con la ley penal y por ello proponen que el margen de condena, que no alcanza siquiera a los 10 años de reclusión, sea elevado. En su valoración de estas medidas descartan cualquier esfuerzo de establecer parámetros madurativos o psicológicos, en el entendido de que a estos adolescentes no se les debe dar ningún tipo de tratamiento diferenciado en función de su edad.
En su visión buscan desechar criterios y preceptos asentados en la doctrina y jurisprudencia internacional, como el interés superior del niño y sus garantías procesales, de cara a lo que en la doctrina se ha conocido como el “obrar con discernimiento”. Descartan la necesidad de una valoración de la maduración neuropsicológica que permita determinar si la persona ha actuado con suficiente madurez volitiva y conductual para presuponer que ese adolescente es responsable absoluto de sus actos y por ende, consciente del mal que causa.
Consideramos que no puede abordarse el problema de la violencia juvenil únicamente desde la responsabilidad penal, pues se olvida que esta problemática es un fenómeno multicausal y complejo, que requiere de programas adecuados de política criminal, destinados a mejorar la prevención y reinserción de los infractores, por lo cual se debe debatir respecto a temas centrales como mayor inversión en el sector social con énfasis en sistemas de protección integral a la niñez y adolescencia.
En ese sentido, entendemos que este es un tema de una complejidad especial que no puede responderse de manera apresurada mediante la clásica fórmula del aumento de la pena como método disuasivo, especialmente en el marco de un sistema penal que debe privilegiar la reinserción social como su objetivo supremo.
El fenómeno de la delincuencia juvenil amerita una ponderación amplia de los múltiples factores que circundan la ocurrencia del mismo, dentro de estos: la intervención social en lo referente a los altos grados de exclusión que rodean a los menores que incurren en ilícito penal, así también los criterios de vulnerabilidad, de descomposición familiar, entre otros.
Los altos niveles delictivos que se registran en la población adolescente y juvenil requieren una revisión de todo el sistema penal, especialmente lo relativo a la prevención.
Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), promovemos un abordaje integral de este fenómeno, como una opción más adecuada que la política criminal basada únicamente en el aumento de la pena. Estos lamentables hechos deben estimular a las autoridades y la sociedad a continuar en el estudio de las causas que generan estas desviaciones y promover el diseño de políticas públicas efectivas de prevención de la delincuencia y la violencia en el país.
